Se confirmó la realización de un juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA
El juez Daniel Rafecas aplicará la nueva ley para juzgar a diez prófugos iraníes y libaneses, acusados del ataque terrorista que dejó 85 muertos en 1994.
El juez federal Daniel Rafecas ha tomado la decisión de avanzar con un juicio en ausencia contra diez individuos acusados de haber planificado y ejecutado el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. Esta resolución se fundamenta en la reciente legislación aprobada por el Congreso, que permite llevar adelante juicios contra aquellos que se encuentran prófugos de la justicia y que han evadido repetidamente su comparecencia ante los tribunales.
Los acusados son exfuncionarios del régimen iraní y miembros de Hezbollah, notablemente Alí Fallahijan, Mohsen Rezai y Mohsen Rabbani, quienes poseen alertas rojas de Interpol desde 2006 y han sido objeto de solicitudes de extradición que hasta el momento han sido desestimadas por Irán. El atentado del 18 de julio de 1994, que cobró la vida de 85 personas y dejó más de 150 heridos, ha estado rodeado de irregularidades y demoras en su investigación a lo largo de los años.
La nueva ley, promovida por el Ministerio Público, busca asegurar que los crímenes no queden impunes y ofrece una respuesta judicial a las víctimas y a sus familiares, quienes han esperado más de tres décadas por justicia. Según lo expresado por el juez Rafecas, los acusados han sido considerados rebeldes y están al tanto de su situación judicial, sin haber respondido a los llamados de extradición realizados por las autoridades argentinas.
La resolución del juez, que se enmarca dentro de los esfuerzos por avanzar en una causa que cuenta con 145 imputados y ha visto la realización de solo dos juicios con un escaso número de condenas, representa un potencial cambio en el rumbo de esta larga búsqueda de justicia. A pesar de que el fallo puede ser apelado, su impacto podría ser significativo en el contexto de la lucha contra la impunidad de delitos de tal gravedad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado la responsabilidad del Estado argentino en la falta de justicia en este caso, demandando acciones concretas frente a instancias internacionales. La investigación ha establecido que el atentado fue orquestado por altos funcionarios del gobierno iraní, con apoyo logístico de Hezbollah en Argentina. La bomba que causó la tragedia fue colocada en un vehículo Renault Trafic, el cual fue detonada en las cercanías de la sede de la AMIA, un hecho que ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva del país.
Este contexto de violencia y terror ha llevado a los jueces a considerar estos actos como delitos de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones pueden continuar sin prescripción, independientemente del tiempo transcurrido desde su ocurrencia. Las conclusiones de la Cámara de Casación, que determinaron que los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel fueron perpetrados por Hezbollah bajo órdenes del gobierno iraní, subrayan la complejidad y la gravedad de la situación.
Este pronunciamiento judicial reafirma el carácter de lesa humanidad de los ataques, una calificación que había sido evaluada anteriormente por el juez Rodolfo Canicoba Corral. La resolución contempla la posibilidad de que el Estado argentino formule un reclamo formal en tribunales internacionales, con el fin de buscar justicia y reparación para las víctimas de estos actos terroristas.