La Justicia oficializó la imputación de cargos contra los siete señalados de haber formado una agrupación con el fin de comercializar terrenos pertenecientes al Superior Gobierno de Tucumán, bajo el nombre de “Loteo Gaucho Castro”, en El Mollar. En su resolución, el juez Mario Velázquez cuestionó la participación de la Dirección General de Catastro en los hechos que se están investigando y también llamó la atención al Ministerio Público Fiscal por la lentitud del proceso, dado la tardanza de siete meses en formalizar la investigación y formular los cargos.

El 8 de agosto las partes se reunieron en el Centro Judicial Monteros para reanudar la audiencia que había sido suspendida el pasado 28 de julio. Las auxiliares fiscales, Gabriela Ghilardi y Luciana Ceccotti, siguiendo las instrucciones del fiscal Miguel Varela, expusieron la teoría del caso que involucra a Juan Pablo Castro, Rafael Trujillo, Maximiliano Barreiro, Fernando Rogel Chaler, Yanina Mamaní, Damián Romano y Jorge Cruz (ex comisionado rural de El Mollar).

Siguiendo la acusación, los siete mencionados, junto con personas aún no identificadas, se asociaron ilícitamente para montar una inmobiliaria que se dedicaba a vender tierras fiscales, aprovechando que algunos de los implicados tenían contactos y cargos públicos, haciendo usos de ellos y utilizando oficinas del Estado para falsear documentación. Con el fin de beneficiarse económicamente, habrían loteado el terreno desapoderado al Gobierno y lo vendieron sin advertirles a los interesados que carecían de la titularidad dominial ya que sabían que las tierras pertenecían al Estado. En consecuencia los compradores perdieron el dinero pagado por los lotes.

Las representantes del MPF imputaron a los siete de ser coautores del delito de estafa y asociación ilícita y además les endilgaron cargos particulares. A Castro, lo acusaron por usurpación. A Trujillo, Barreiro y Cruz por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de un funcionario público en calidad de coautores. A Chaler por incumplimiento de los deberes de un funcionario público y falsedad ideológica.

Resolución

El juez Velázquez analizó la cuestión de prejudicialidad que había sido planteada por los abogados Daniel Bulacio y Sebastián Herrera Prieto (defensor de Mamaní y Trujillo). La misma sostenía que el predio que se está litigando se encuentra con tres procesos en trámite en el Fuero Civil que impediría la continuación del proceso penal, por lo cual este último debería quedar en suspenso hasta resolverse la cuestión civil. El magistrado rechazó el pedido al considerar que, por un lado Bulacio no forma parte del proceso penal, y por el otro, que el padrón del inmueble de Gaucho Castro no está relacionado con los padrones de los terrenos en disputa civil.

Posteriormente analizó la formulación de cargos del MPF y la oposición realizada por los defensores Silvia Furque (Castro y Romano), Ernesto Baaclini (Cruz), Florencia Abdala y Camilo Atim (Rogel Chaler), Candela Álamo (Barreiro) y Herrera Prieto. Si bien falló a favor de la Fiscalía, no pasó inadvertida la presunta participación que tendría la Dirección de Catastro en el caso.

“De las evidencias probatorias mencionadas por la auxiliar fiscal, surge evidente que Catastro, por acción u omisión, no es ajena a la comisión de estos hechos. El problema viene cuando la propia auxiliar fiscal relata que los distintos damnificados pagaron anualmente impuestos del lote, el cual estaba empadronado en Catastro. Ahora bien ese número de padrón, que por razones funcionales y legales, sólo puede ser otorgado por Catastro, fue borrado de un plumazo, y el expediente donde se trataba esta cuestión, por razones que se desconocen, “no fue habido”, sostuvo Velázquez. A su criterio, o “Catastro no controló debidamente la documentación que le fue puesta en conocimiento por la Subsecretaria de Regularización Dominial y Hábitat; o Catastro, a sabiendas que esa documentación sería falsa, otorgó ilegalmente un numero de padrón para dar apariencia de verosimilitud al accionar de los imputados”.

El juez también se refirió a la demora que lleva la investigación, dado que él mismo en enero ya le había recomendado al MPF celeridad en el proceso. “La actividad investigativa del Ministerio Público Fiscal es virtualmente nula. Y ello es de suma gravedad. La presente es, probablemente, la causa judicial de mayor relevancia política y social de la provincia, sin contar que la investigación, por la cantidad de imputados, víctimas, damnificados y personas involucradas y a involucrar, es sumamente compleja”, advirtió.

“Resulta, cuanto menos, criticable, que el Ministerio Público Fiscal, en el presente legajo, desde enero haya tenido una posición pasiva y solo haya recabado unos cuantos informes que poco y nada aportan al hecho, y tomado declaraciones testimoniales a personas que trabajan en la órbita del Estado que, como querellante, está evidentemente interesado en las resultas del proceso”, agregó.

Por último resolvió otorgar por tres meses las medidas de coerción de menor intensidad y extender la restitución provisoria del inmueble, que había sido solicitada por la Fiscalía y los querellantes José María Molina y Horacio Geria, en representación de la Fiscalía de Estado, al mando de Gilda Pedicone de Valls.