En un reciente fallo judicial, la justicia Argentina ha condenado a una mujer a un año y seis meses de cumplimiento condicional por el delito de hurto, específicamente por haber sustraído el teléfono celular del gobernador Osvaldo Jaldo durante un evento político llevado a cabo en un salón de fiestas en La Cocha. Este episodio se produjo el 18 de junio, cuando el gobernador se encontraba en la localidad para inaugurar una oficina de asistencia jurídica del Ministerio de la Defensa. Tras la ceremonia, se realizó un almuerzo que reunió a diversos dirigentes locales y de varias comunas rurales. 

Liliana “Pampita” Carrizo, quien formaba parte de la delegación de Los Pizarro, asistió al evento. Al finalizar el almuerzo y mientras Jaldo se disponía a retirarse, notó que su celular había desaparecido. La situación se complicó cuando, tras revisar las fotografías tomadas por un profesional presente, se identificó a Carrizo como la autora del hurto. La rápida respuesta de las autoridades permitió que funcionarios y policías se dirigieran al domicilio de la acusada, donde lograron recuperar el dispositivo y proceder a su aprehensión. El mismo día, el fiscal Héctor Fabián Assad solicitó un allanamiento en la vivienda de Carrizo, lo que resultó en la incautación de varios dispositivos electrónicos, incluyendo pendrives y un celular perteneciente al programa “Conectar Igualdad”. 

Un día después, el 19 de junio, la auxiliar de fiscal, Emilse Guevara, formalizó los cargos en contra de Carrizo, quien fue acusada de hurto y se le impuso una prisión preventiva de un mes. Esta medida fue prorrogada el 19 de julio, debido a la necesidad de continuar con la investigación. Sin embargo, una vez que el fiscal no encontró pruebas que involucraran a otras personas, se optó por cerrar la causa mediante un juicio abreviado, una decisión que fue aceptada tanto por la defensa como por la parte querellante. En la audiencia que tuvo lugar recientemente, que duró más de una hora y media, se expusieron las pruebas recopiladas durante la investigación. Se presentó una imagen en la que se observa a Carrizo cometiendo el hurto, así como testimonios de testigos y análisis periciales realizados por el Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF). 

El fiscal Assad afirmó que no se habían encontrado pruebas que agravaran la acusación ni que indicaran que la acusada hubiera sustraído información del celular del gobernador. Al finalizar la audiencia, Carrizo se declaró culpable y expresó su conformidad con el acuerdo alcanzado. El juez Cristian Velázquez, tras evaluar los argumentos presentados, aceptó el acuerdo y condenó a Carrizo a una pena de 18 meses de cumplimiento condicional. Además, se le impusieron reglas de conducta, que incluyen la prohibición de acercarse o hostigar al gobernador a través de redes sociales. Finalmente, el magistrado ordenó su libertad, y dado que Carrizo renunció a cualquier tipo de apelación, la sentencia quedó firme.