Fueron secuestradas, violadas, torturadas durante tres horas y finalmente asesinadas con extrema brutalidad. A las tres jóvenes —Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez— las descuartizaron y filmaron por orden de “El Jefe”, como parte de un mensaje mafioso que buscaba impactar tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización criminal.

La Justicia investiga a un capo narco peruano que opera desde la villa 1-11-14, aunque sospechan que ya habría salido del país. “Vamos a hacer allanamientos toda la noche. Perseguimos a los cabecillas de la organización”, aseguró a TN una fuente cercana a la causa. Por orden judicial, se realizaron tres allanamientos en la villa 21-24 Zavaleta.

El trasfondo del triple crimen apunta a una mexicaneada, una traición interna en el mundo narco. La hipótesis principal sostiene que una o dos de las víctimas habrían retenido cuatro kilos de cocaína o cerca de 100 mil dólares.

El nivel de violencia fue extremo. “Este es un crimen narco con un mensaje mafioso. A una de ellas le cortaron la mano y a otra le abrieron la panza como si fuera una mula”, describió uno de los investigadores.

Las víctimas y la escena del horror

  • Lara Gutiérrez (15) fue la que recibió el mayor ensañamiento: le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda, tenía un corte en la oreja y una herida profunda en el cuello, a la altura de la carótida.
  • Brenda del Castillo (20) presentaba fractura de cráneo, aplastamiento facial, heridas en el cuello y un corte abdominal transversal de lado a lado, realizado postmortem.
  • Morena Verdi (21) sufrió luxación cervical, múltiples golpes en el rostro y fue asfixiada con una bolsa en la cabeza.

Las tres eran amigas y habían desaparecido el viernes. El martes fue hallada la casa donde las mataron, en Florencio Varela, a 30 kilómetros de su lugar de residencia. Vivían en La Matanza y habían sido contactadas para participar de una fiesta sexual, por la que les ofrecieron 300 dólares a cada una. Fue una emboscada.

Uno de los cuatro detenidos en el lugar del crimen habló y brindó detalles clave. “Ya tenemos al jefe narco identificado”, afirmaron fuentes policiales bonaerenses.

El impacto político y las disputas entre gobiernos

Desde Nueva York, el gobernador Axel Kicillof se refirió por primera vez al caso a través de un mensaje en X. “Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA. Seguiremos informando a medida que avance la Justicia”.

Kicillof agregó:

“Ante un hecho de esta naturaleza, tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune”.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, la respuesta fue tajante:

“Es una banda de la 1-11-14. El 90% están presos desde hace años, pero se van renovando. Nosotros no estamos en el barrio desde febrero, ahora está la Policía de la Ciudad”.

Añadieron:

“Aparentemente, las chicas se fueron hasta allá a una fiesta, engañadas, porque se habrían quedado con una droga y las asesinaron. Las violaron y las mataron. Esa es la información que tenemos todavía de manera informal. El procedimiento es de la Policía de la provincia. Por supuesto que nosotros pusimos todo a disposición, ayudamos en todo lo que nos requirieron”.

Desde La Matanza apuntaron contra la Justicia por no haber requerido ayuda federal. “Las bandas narcos peruanas ingresan la droga desde la frontera norte del país, recorren 1500 kilómetros y operan luego en CABA y en el Conurbano. Hay inacción total de las fuerzas federales para combatir el narcotráfico”, cuestionaron.

Dolor, reclamos y omisiones locales

Los familiares de las víctimas también expresaron su enojo con las autoridades. Antonio, el abuelo de Brenda y Morena —que eran primas—, fue contundente:

“A lo mejor me voy a mandar un exabrupto: es un cobarde, porque tendría que haber venido acá“, dijo en referencia al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Sabrina, la mamá de Morena, llorando, pidió:

“Quiero justicia. Quiero la cabeza de todos, por favor”.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense defendieron el accionar:

“El viernes lo hicimos por desaparición de persona y cuando supimos el perfil de las víctimas nos ajustamos al de trata de personas”.

Desde el Municipio matancero agregaron:

“En cada acontecimiento, al igual que en este caso, desde el minuto cero interviene asistencia a la víctima. Género fue el primer eslabón en comenzar la búsqueda. Las autoridades municipales y del Concejo Deliberante se contactaron con las familias. Es el procedimiento habitual”.

“Un barrio en disputa narco”

Eduardo “Lalo” Creus, director de Seguridad Municipal del equipo de Bullrich y dirigente de La Matanza, dio más detalles del contexto:

“Vivían en los monoblocks de La Tablada. Es un complejo habitacional con muchos edificios, copado por el narco. Ahí cayó, por ejemplo, ‘la banda de Jackie Chan’, un tipo que era un terror de La Matanza y de otros municipios. Es un barrio en disputa narco”.

La desfederalización en el centro del debate

El crimen volvió a poner en foco la polémica desfederalización de la competencia penal en materia de drogas, vigente en la Provincia desde 2005 por impulso del entonces gobernador Felipe Solá. El objetivo era agilizar causas menores, pero los resultados están en discusión.

Desde la Justicia bonaerense admiten:

“Esto es como la Triple Frontera. Los narcos saben que hay varias jurisdicciones y juegan al gato y al ratón. Se acumulan las causas y no pasa nada”.

Un ejemplo reciente ilustra el problema: el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín lleva adelante el juicio contra Mameluco Villalba y sus hijos por el tráfico de cocaína contaminada con carfentanilo que provocó 24 muertes en Puerta 8. La Cámara Federal liberó a los acusados detenidos por la Justicia provincial, argumentando que no podían prever que la droga fuera letal. Por eso, los Villalba no serán juzgados por los homicidios.