La reciente muerte de Alejandra "Locomotora" Oliveras ha suscitado un notable interés no solo en el ámbito del deporte, sino también en la política y la televisión en Argentina. Tras un prolongado periodo de internación debido a un accidente cerebrovascular isquémico, su fallecimiento el 28 de julio de 2025 generó una ola de conmoción. Sin embargo, la situación ha tomado un giro inesperado debido a una medida judicial que impide la cremación de su cuerpo. 

El origen de esta medida se encuentra en una denuncia presentada por Aldo Parodi, un fisicoculturista de Mendoza, quien, respaldado por la abogada Patricia Apesteguy, ha solicitado a la justicia que se detenga el proceso de cremación hasta que se considere la posibilidad de realizar una autopsia judicial. Parodi argumenta que la cremación podría comprometer la obtención de evidencia esencial para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Oliveras. En particular, ha expresado preocupación por el posible suministro de anabólicos esteroides y otras sustancias prohibidas que, según su denuncia, podrían haber influido en su deceso. 

La auxiliar fiscal María José de la Torre ha tomado en cuenta esta denuncia y ha enviado una comunicación urgente al Cementerio Municipal de Santa Fe, donde estaba programada la cremación, solicitando que se preserve el cuerpo en condiciones adecuadas hasta recibir nuevas instrucciones. En su escrito, la fiscal señala que la medida se ha adoptado tras conocer la intención de la familia de proceder con la cremación, una acción que podría obstaculizar la recolección de pruebas significativas relacionadas con el fallecimiento. La familia de Oliveras había manifestado su deseo de incinerar el cuerpo de la exdeportista, lo que ha llevado a Parodi a intervenir en esta cuestión legal. 

Su denuncia ha sido remitida a la Unidad Fiscal de Santa Fe para su tramitación, donde se evaluará la necesidad de llevar a cabo una autopsia judicial. Este acontecimiento resalta no solo la complejidad de la situación legal en torno a la muerte de una figura pública, sino también la atención que se presta a los posibles factores que pueden haber influido en su salud y eventual fallecimiento. La comunidad, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo, seguirá de cerca el desarrollo de este caso, que no solo afecta a los allegados de Oliveras, sino que también plantea interrogantes sobre la seguridad y la regulación en el uso de sustancias en el deporte.