Con un operativo de seguridad de gran envergadura, agentes estatales procedieron a demoler con una topadora las edificaciones que aún permanecían en pie en el denominado “Loteo Monroy”, ubicado en El Mollar. Con este accionar, la Provincia recuperó el último predio usurpado dentro de la Reserva Natural La Angostura, poniendo fin a una situación que evidenció, según informes oficiales, años de desidia en el control y la protección del patrimonio público.

La historia del predio se remonta a la década de 1980, cuando la Provincia cedió las tierras al Automóvil Club Argentino para la construcción de una hostería y una playa de expendio de combustible. Tras más de diez años, la entidad desistió del proyecto y devolvió la propiedad al Estado. Aunque el acto de reversión fue oficializado, nunca se inscribió en el registro correspondiente, lo que dejó la titularidad en un limbo jurídico por más de dos décadas.

Durante ese lapso, la familia Monroy ocupó el predio de más de cinco hectáreas, alegando derechos ancestrales. Ante esa situación, y luego de recepcionar un informe técnico elaborado por especialistas de las direcciones de Flora y Fauna, Catastro y Recursos Hídricos, la fiscala de Estado Gilda Pedicone ordenó iniciar los trámites de inscripción del predio a nombre de la Provincia en el Registro Inmobiliario. Con el trámite completado, la justicia dictó la orden de desalojo que se materializó en la reciente demolición.

El episodio del “Loteo Monroy” no fue un hecho aislado dentro de la reserva. A comienzos de noviembre del año pasado, autoridades detectaron que integrantes de la Comunidad Diaguita de El Mollar habían ocupado tierras fiscales para instalar una feria de artesanos. Ese relevamiento puso al descubierto la existencia de múltiples asentamientos y emprendimientos dentro del espacio protegido: cinco barrios (entre ellos “Juana Azurduy”, “El Lago”, “Náutico” y el “Loteo Gaucho Castro”), un emprendimiento turístico (“Pesca El Pelao”), la estructura de un boliche en la orilla del lago, el club de fútbol El Sauce, la sede del Tucumán Yacht Club y una confitería y comercio. Todas esas ocupaciones fueron desalojadas por la Provincia, si bien en ningún caso fue necesario recurrir al uso de la fuerza.

El expediente conocido como “Loteo Gaucho Castro” fue el más resonante y el que mayores consecuencias administrativas y judiciales generó. A raíz de la intervención provincial se denunció a siete personas por la comercialización de tierras fiscales; entre los imputados figuran dos empleados de la ex Secretaría de Regularización Dominial y Hábitat —área que el gobernador Osvaldo Jaldo decidió suprimir tras estos hechos— y el delegado comunal suspendido Jorge Cruz. Se trata de una causa inédita que se encuentra cerca de llegar a juicio.

Hoy, en la Reserva Natural La Angostura quedan únicamente dos predios bajo régimen de concesión cuyo futuro negocian sus ocupantes con la Provincia. Uno corresponde al club Náutico, originalmente destinado a transformarse en la sede de un club de pesca, pero allí terminó erigiéndose el único barrio cerrado de El Mollar. El otro predio, denominado Loteo Haten, había sido cedido para el funcionamiento de un autocamping; en el terreno solo se construyeron dos cabañas que se alquilan actualmente.

El desalojo del “Loteo Monroy” contó con la movilización de decenas de efectivos policiales bajo las órdenes de los comisarios Carlos Díaz, Eduardo Toledo y Marcos Goane. El operativo fue coordinado por representantes de distintas áreas provinciales: Hugo Vitale, titular de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y Patrimonio Provincial; Martín Lazarte, secretario de Desarrollo Productivo; Jorge Fernández, por Catastro; y Juan Carlos Parajón, por Flora y Fauna, entre otros. Según fuentes oficiales, la intervención se desarrolló sin incidentes.

El conjunto de medidas emprendidas por la Provincia busca, a partir de la regularización dominial y el accionar judicial, restituir la integridad de la reserva protegida y evitar futuras ocupaciones irregulares. No obstante, el caso deja en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos administrativos y de control para preservar los bienes públicos y garantizar la correcta inscripción y custodia del patrimonio provincial.