El fiscal general, Diego Luciani, ha tomado una decisión respecto a la solicitud de prisión domiciliaria presentada por José López, uno de los condenados en la Causa Vialidad, en la que también se encuentra involucrada la ex presidenta Cristina Kirchner. López argumentó que padece problemas psiquiátricos que le impiden cumplir su condena en un establecimiento penitenciario común. 

Sin embargo, el fiscal Luciani ha rechazado este pedido argumentando que "se rechace la solicitud de la defensa de José Francisco López para que la condene a la pena privativa de libertad sea cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario". La defensa de López había solicitado la prisión domiciliaria no solo por cuestiones de salud, sino también por razones de seguridad, dado que López es un testigo arrepentido en la causa conocida como Cuadernos. 

En este contexto, la solicitud incluyó un domicilio en Río Gallegos donde el exfuncionario podría cumplir su condena. Sin embargo, los fiscales han desestimado esta solicitud, afirmando que "no se observa, al momento de efectuada la presente evaluación, que López presente sintomatología compatible con un cuadro de desestructuración psicótica que deteriore la función judicativa". 

El tucumano José López pidió domiciliaria por padecer problemas psiquiátricos

Cabe mencionar que en el marco de la Causa Vialidad, un total de nueve personas han sido condenadas. Hasta el momento, solo Cristina Kirchner y Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional, han recibido el beneficio de la prisión domiciliaria. Los fiscales han sostenido que todos los condenados deben cumplir sus penas de manera "ejemplar", subrayando la necesidad de que los actos de corrupción sean sancionados sin la posibilidad de acceder a "beneficios" o "privilegios". 

Este caso resalta las tensiones existentes entre las alegaciones de salud de los condenados y las decisiones de la fiscalía, que se manifiestan en la exigencia de que la justicia sea aplicada de manera equitativa para todos, sin excepciones. De esta manera, se busca reafirmar el compromiso del sistema judicial en el combate a la corrupción y en la protección de los intereses de la sociedad.