“Avalar el veto es ir en contra de los derechos de miles de argentinos. Tenemos que estar a la altura de lo que la gente espera de nosotros”. Con esa frase, la senadora Beatriz Ávila (PJS) anticipó su postura en contra de la decisión del presidente Javier Milei de vetar la declaración de emergencia en discapacidad, durante el debate que se llevó a cabo en la Cámara Alta del Congreso de la Nación y que, según las voces presentes, anticipa un contundente rechazo del veto presidencial.

Desde la tribuna, Ávila subrayó la dimensión humana de la medida y la preocupación concreta en su provincia: afirmó que en Tucumán más de 70.000 personas viven con la angustia de perder la pensión por discapacidad y que aproximadamente 240 centros de atención están en riesgo de cierre. “He hablado con muchos de ellos. Hay instituciones que están vendiendo rifas para poder sobrevivir y profesionales que no llegan a fin de mes. No están pidiendo un favor; reclaman sus derechos”, dijo la legisladora, en tono enfático y con referencias directas a relatos de la comunidad.

La senadora del PJS trazó además una comparación histórica al recordar episodios de violencia institucional en la provincia: rememoró tiempos en que, aseguró, la exclusión llegó a degenerar en prácticas inhumanas hacia indigentes y personas con discapacidad durante la última dictadura militar. “En Tucumán ya vivimos el tiempo en el que un gobernador tiraba a los indigentes y a los discapacitados en los cerros. Muchos hablan del costo económico, pero tenemos que hacernos cargo del costo social que implica la exclusión de quienes nos necesitan”, advirtió, incorporando al debate el argumento del impacto social como contrapunto a las consideraciones fiscales.

Si bien reconoció que se detectaron irregularidades en el otorgamiento de algunas pensiones, Ávila dirigió sus críticas hacia la gestión gubernamental por lo que consideró una ausencia de soluciones: “Ya llevan dos años. Tuvieron tiempo suficiente para revisar y lo hicieron como correspondía. Necesitamos un Estado presente que no permita que se vulneren derechos que están garantizados por nuestra Constitución”, sostuvo, reclamando mecanismos de control y una respuesta administrativa que no implique retrocesos en la protección social.

El intercambio en la Cámara Alta refleja la tensión entre la necesidad de cuidar el gasto público y la obligación del Estado de garantizar derechos básicos. En el centro del debate están tanto las demandas de protección de sectores vulnerables como las denuncias sobre irregularidades en la asignación de beneficios; la resolución del conflicto tendrá efectos directos sobre miles de personas y la red de servicios que las asiste en provincias como Tucumán.