¿Por qué La Libertad Avanza no podrá competir en Alberdi? La reacción en la Casa Rosada
La Junta Electoral de la provincia informó que, tras constatar la inscripción del partido de Karina y Javier Milei 24 días fuera del plazo establecido en el calendario electoral vigente y la consecuente intervención del municipio, esa fuerza no podrá presentar candidatos a intendente ni a concejales
La Junta Electoral de la Provincia de Tucumán resolvió inhabilitar la participación de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de Juan Bautista Alberdi previstas para el 26 de octubre, jornada en la que se elegirán intendente y concejales tras la intervención municipal ordenada por el gobernador Osvaldo Jaldo. La decisión se fundamenta en la presentación fuera de término de la documentación partidaria: según la resolución, LLA se inscribió 24 días después del plazo fijado en el calendario electoral vigente.
La resolución, firmada por el presidente de la Corte Suprema provincial y de la Junta Electoral, Daniel Leiva; el ministro Pupilar y de la Defensa y vocal Washington Navarro; y el ministro Fiscal y vocal Edmundo Jiménez, dispuso expresamente no hacer lugar a la convocatoria a elecciones internas para cargos públicos electivos, categoría Intendente y Concejales solicitada por LLA. Ese pedido, según la Junta, llegó fuera del plazo establecido en el calendario electoral.
Desde el espacio libertario denunciaron una decisión de proscripción. En un comunicado sostuvieron que la Junta Electoral, en lugar de garantizar la transparencia y el respeto por la voluntad popular, adoptó una medida que atenta contra el derecho a elegir y ser elegido, fundamentos básicos de la democracia. En ese contexto, los referentes del partido anunciaron una conferencia de prensa en su sede de la calle San Juan 1035.
El rechazo administrativo se registra en un momento de tensión interna y pública: a las controversias por amenazas en redes sociales atribuidas a allegados del espacio y a la polémica por la intervención municipal que desplazó al entonces intendente Luis Pato Campos por presuntos vínculos entre empresarios y funcionarios con el narcotráfico, se suman ahora discusiones sobre el armado partidario en la provincia y la relación con el gobierno nacional.
En Tucumán, el apoderado recientemente designado de La Libertad Avanza es Ricardo Puky Paz, abogado y amigo personal de Gonzalo Heredia, hombre cercano al dirigente Lisandro Catalán; además integra el estudio Giraudo, Omodeo & Paz, vinculado a la diputada Paula Omodeo (CREO). Como coapoderado figura Gustavo Choua, séptimo candidato suplente a diputado nacional. La llegada de Paz y Choua se produjo tras apartar a Matías Sabaté, fundador del partido en la provincia, de la titularidad del espacio, en medio de roces internos que incluyen amistades y trayectorias compartidas con referentes locales.
El episodio suma un hecho llamativo: a principios de agosto, Heredia fue escrachado por estacionar su camioneta frente al estudio Giraudo, Omodeo & Paz. Esos cruces personales, junto con la disputa por el control partidario, alimentan versiones sobre tensiones en el armado provincial que —según fuentes consultadas en ámbitos políticos— habrían generado malestar en despachos de Casa Rosada, sobre todo luego de la baja de la candidatura a diputado de Lisandro Catalán.
En redes sociales, la discusión se amplificó cuando usuarios consultaron a la inteligencia artificial Grok sobre si la responsabilidad recaía en LLA o en la Junta Electoral. La respuesta sintetizó la cuestión técnica: la presentación extemporánea de LLA motivó el rechazo por parte de la Junta por incumplimiento del calendario; paralelamente, los libertarios interpretan la medida como una proscripción política en el marco de la intervención municipal.
Más allá de la calificación, la consecuencia inmediata es práctica: los vecinos de Juan Bautista Alberdi no podrán elegir representantes de La Libertad Avanza en los comicios del 26 de octubre. La resolución judicial, en su contenido formal, se ampara en plazos y normas electorales; en el plano político, abre una nueva grieta entre el aparato partidario local, la representación provincial y la Casa Rosada, que deberá afrontar las repercusiones de una decisión que mezcla aspectos técnicos, litigios internos y sensibilidad por la competencia electoral en territorios con conflictos institucionales.