El Gobierno Nacional ha expresado su intención de vetar cualquier proyecto legislativo que contemple una reducción de las retenciones fiscales aplicadas al sector agropecuario, en caso de que tales iniciativas avancen en el Congreso. Esta postura fue manifestada por miembros del Ejecutivo, quienes sostienen que rechazarán todas las propuestas de la oposición que puedan afectar las cuentas fiscales del país, bajo la coordinación del Ministro de Economía, Luis Caputo. 

En este sentido, se ha indicado que el tiempo para implementar reducciones en las retenciones ya ha pasado, y se ha dejado claro que no se prorrogarán las disposiciones que permitían dicha disminución. Recientemente, la oposición logró la inclusión de varios proyectos en la agenda de la sesión del Congreso, la cual se lleva a cabo el miércoles. Entre los temas discutidos se encuentran la eliminación de los derechos de exportación para el trigo, la reducción progresiva de impuestos a las exportaciones agrícolas y la prohibición de incrementar estos impuestos, con el objetivo de garantizar la estabilidad fiscal del sector agropecuario. 

La sesión, que comenzó a las 12:00, reunió a 136 legisladores y también abordó otros asuntos relevantes, como el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en salud pediátrica, con especial atención a la situación del Hospital Garrahan. Además, se revisaron los formatos de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), se discutieron iniciativas para promover a las pequeñas y medianas empresas (PyMes), se propusieron cambios en los husos horarios y se trató el juicio por jurados. Sin embargo, el Gobierno ha reconocido que, en este momento, no cuenta con el apoyo necesario de los bloques aliados para evitar un veto en la Cámara de Diputados y en el Senado. 

Por esta razón, se busca dilatar los debates parlamentarios hasta después de las elecciones legislativas de octubre, con la esperanza de alcanzar nuevos acuerdos políticos con sectores más dialoguistas, con el fin de minimizar el impacto de la debilidad legislativa en los mercados. Las tensiones internas también juegan un papel en la negociación legislativa, que está bajo la responsabilidad del Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del Subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Existe una preocupación adicional en torno a la coordinación de alianzas en el interior del país, de cara a las elecciones del 26 de octubre. 

Un sector cercano al asesor Santiago Caputo busca establecer un rango de gobernabilidad mediante acuerdos legislativos y electorales con los gobernadores, mientras que otros, próximos a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, se enfocan en consolidar el armado de La Libertad Avanza en el territorio de los aliados. Por otra parte, la Casa Rosada no ha logrado llegar a un acuerdo satisfactorio con los gobernadores respecto al incremento de la coparticipación del impuesto a los combustibles ni sobre la distribución de parte del sobrante anual de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). 

Fuentes oficiales afirmaron que no habrá nuevas contrapropuestas, argumentando que no existen recursos económicos disponibles y que, según su perspectiva, las provincias están en una situación fiscal más que holgada. En una concesión anterior, el equipo técnico de Balcarce 50 aceptó modificar el porcentaje de recaudación del tributo destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que se financia con un 50% de lo que por ley se debe destinar al Fondo de Infraestructura de Transporte. Este fideicomiso recibe un 28,58% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles, generando ingresos anuales que alcanzan los 674.627 millones de pesos.