“Estamos destrozados, nos quitaron a mí y a mi hija lo único que teníamos. Lo que esperamos junto a mí bebé es que se haga justicia. Eso es lo único que nos dará un poco de paz a nosotras, a los padres, hermanos y tíos de ‘Carlitos’”, aseguró Johana Paz, la pareja de Carlos Robles (28 años), el taxista que falleció en un tremendo accidente hace más de ocho meses.

Madrugada trágica

A las 6.20 del 24 de abril, Robles manejaba su taxi Fiat Cronos por San Miguel y al llegar a la esquina de Marcos Paz, fue embestido por la camioneta VW Amarok que era guiada por Gonzalo Nicolás González (27).

El conductor del vehículo perdió la vida en el acto. El fiscal Diego Hevia investigó el caso y, según consta en el expediente, habría confirmado tres cuestiones que son consideradas clave para complicar la situación procesal del conductor del vehículo de mayor porte.

La primera es que González tenía 1.42 ml. de alcohol en sangre. La segunda es que, según las pericias accidentológicas realizadas por el Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF) circulaba a una velocidad mínima de 107 kilómetros por hora.

Por último, la camioneta estaba modificada mecánicamente porque su propietario era aficionado a las picadas, en la jerga se conoce como “chipeada”. 

El proceso penal está llegando a su fin. Todo parece indicar que la causa será cerrada a través de un debate oral, ya que las partes no pudieron llegar a un acuerdo para que el expediente sea cerrado a través de un juicio abreviado. La querella, representada por Patricio Fresia y José María Molina, rechazaron el ofrecimiento del acusado. 

A través del defensor Macario Santamarina habría ofrecido entregar una reparación económica de $ 10 millones y hacerse responsable penalmente a cambio de una pena de tres años de cumplimiento condicional.

A un paso del juicio

El caso quedó cerca de llegar a debate oral. Hevia mantiene la calificación legal y pedirá que se lo condene a cinco años y seis meses de prisión efectiva (el máximo de la pena es de seis años).

Los querellantes comparten como se dieron los hechos acusados por el representante del Ministerio Público, pero solicitan que sea enjuiciado por homicidio simple con dolo eventual y solicitarán que reciba una sentencia de 12 años.

Si bien es cierto que el juicio se realizará el año que viene (aún no tiene fecha), tal como lo dispone el nuevo código procesal, la querella inició una acción civil en contra de González quien era el conductor del vehículo, como así también del titular registral del vehículo en que se movilizaba el acusado de haber provocado la tragedia, situación que generó una polémica.

“Carlitos tenía tan solo 28 años. Era el sostén de la familia con sus ingresos. Tenía una vida por delante, muchísimos sueños y proyectos juntos, que por la irresponsabilidad de este tipo que manejaba con una imprudencia total hoy no los puede cumplir”, señaló la viuda a la hora de argumentar porqué decidió iniciar la demanda civil.

“Es un caso bisagra para todos aquellos que provocan la muerte de gente inocente arriba de un vehículo. El hecho tiene aristas muy particulares, esto se podría haber previsto, los acompañantes de la camioneta le decían que pare, que baje la velocidad, pero no los escuchó. Ellos rezaban para no morir”, explicó Fresia. 

“El accidente se registró un lunes, pasadas las seis de la mañana. A esa hora la gente va camino a sus trabajos y a llevar a sus hijos a los establecimientos educativos. Este accidente se registró a cuatro cuadras de una escuela”, agregó Molina.

“Las imágenes de las cámaras muestran que González circulaba a alta velocidad por calle Marcos Paz. Pudo y debió prever lo que pasaría porque sus acompañantes se lo estaban diciendo. Pero él no quiso frenar, no quiso evitar la tragedia, tampoco le importó. Ahora todos lamentamos la muerte de ‘Carlitos’”, finalizaron los profesionales.

Nuevos involucrados

El fiscal Hevia al investigar el caso, descubrió que la camioneta VW Amarok que conducía Gonzalo González estaba a nombre de un empresario tucumano. Avanzó con la pesquisa y citó al titular del vehículo. 

El hombre confirmó que al bien lo había entregado en una concesionaria como forma de pago por otro bien y que era la empresa la que debería haber realizado la transferencia cuando se la vendió al acusado de la muerte del taxista. Presentó la documentación para probar sus dichos. 
 
Pero a pesar de ello y tal como lo indican las normas, fue incluido en las demandas penal y civil origindaas por este caso, en el que además la concesionaria deberá responder por los problemas que le ocasionaron al no haber completado el trámite administrativo de cambio de titularidad del rodado que terminó causando una muerte absurda.