El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia judicial por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad, ambos agravados por coparticipación criminal, tras los incidentes ocurridos el miércoles en Lomas de Zamora, en los que la caravana presidencial encabezada por el presidente Javier Milei fue atacada. La acción fue impulsada por la ministra Patricia Bullrich y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez subrogante Federico Armella.

El escrito oficial pone el acento en la posible planificación del ataque: según la presentación, los registros audiovisuales difundidos públicamente y las averiguaciones realizadas a partir de material alojado en sitios abiertos permiten sostener la existencia de un obrar conjunto. “Los videos públicos y las averiguaciones realizadas a partir del material publicado en sitios abiertos indican la posibilidad verosímil de un obrar conjunto de un grupo de más de tres personas convocadas y organizadas para tal fin”, consigna puntualmente el texto.

La denuncia remarca además la línea de gestión oficial en relación con episodios de violencia: “El que las hace, las paga”, frase incluida en el expediente que busca dejar en claro que los hechos de este tipo recibirán el máximo rigor legal. En ese marco, el Ministerio sostiene que habrían actuado, al menos, más de tres personas de forma coordinada, lo que permite encuadrar los hechos en los artículos 211, 212, 237 y 238 del Código Penal, con la agravante de coparticipación criminal prevista en el artículo 45.

El escrito fue suscripto por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, en representación de la cartera de Seguridad, y será ahora objeto de investigación en el fuero federal.

En paralelo, y como reacción a lo ocurrido, el presidente Javier Milei emitió un mensaje dirigido a sus ministros en el que ratificó que el ataque no lo amedrenta. En sus declaraciones, Milei afirmó sentirse “muy bien de ánimo, casi exultante” y vinculó el episodio con un supuesto gesto de desesperación de sus adversarios. Recordó además episodios personales de violencia sufrida en el pasado y sostuvo que la situación lo impulsa a intensificar la campaña. Su intervención finalizó con una proclama política: “Sigamos avanzando, la libertad avanza o Argentina retrocede. Kirchnerismo nunca más, ¡viva la libertad, carajo!”.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó en una conferencia de prensa la detención de dos personas vinculadas al ataque. Según informó, los detenidos están a disposición de la justicia para ser investigados y eventualmente juzgados. Adorni señaló también que el presidente «se encuentra en excelente estado de salud, trabajando en la quinta de Olivos».

En relación con la gravedad que algunos sectores atribuyeron al hecho —llegando a calificarlo como intento de magnicidio—, el vocero aclaró que no se había dispuesto la declaración de ningún feriado nacional por los sucesos.

La causa, ahora en manos del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, avanza sobre la hipótesis de un ataque organizado contra la comitiva presidencial. La evolución de la investigación y la calificación final de los hechos dependerán de las pericias, las identificaciones formales de los detenidos y la eventual aparición de nuevos elementos probatorios. Mientras tanto, el episodio reaviva el debate público sobre seguridad en actos políticos y la respuesta institucional frente a la violencia en el espacio público.