La Cámara de Diputados se prepara para una jornada clave. Este miércoles, los bloques opositores intentarán revertir los vetos del presidente Javier Milei a una serie de leyes sociales y económicas que fueron aprobadas por el Congreso, entre ellas el aumento a jubilados, la restitución de la moratoria previsional, la Ley de Emergencia en Discapacidad y la reconstrucción de Bahía Blanca tras el temporal de marzo.

Desde el Gobierno, la advertencia es clara: no hay margen fiscal para sostener esos gastos sin poner en riesgo el déficit cero, bandera central de la gestión. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró que no hay fondos disponibles si el Congreso avanza con la ratificación de las leyes vetadas.

¿Cuánto costarían las medidas?

Según un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal de estas iniciativas sería significativo:

  • El aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios, junto con la elevación del bono previsional a $110.000, implicaría un gasto adicional de 0,32% del PBI en 2025.
  • La Ley de Emergencia en Discapacidad, que permitiría nuevas altas de pensiones y una compensación a prestadores del sistema, tendría un impacto estimado de entre 0,28% y 0,51% del PBI.

El informe detalla que, con la implementación de esta ley, se estima un incremento de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios. En términos monetarios, el gasto oscilaría entre $2 billones y $4 billones, dependiendo de la cantidad de pensiones otorgadas.

Además, la compensación extraordinaria a prestadores del servicio, prevista en el mismo proyecto, implicaría un gasto único de $278.323 millones, equivalente a 0,03% del PBI.

El debate por el reparto de fondos a provincias

La agenda legislativa también incluye otros temas sensibles para las finanzas nacionales. Diputados debatirá dos proyectos impulsados por los gobernadores, que ya cuentan con media sanción del Senado:

  1. La coparticipación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
  2. Un nuevo esquema de distribución del impuesto a los combustibles.

Ambas iniciativas buscan aumentar la participación directa de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en la recaudación nacional.

Según el economista Nadín Argañaraz, titular del IARAF, la propuesta de mayoría elevaría la participación de las jurisdicciones subnacionales del 25% al 58%, reduciendo la parte del Tesoro Nacional pero sin afectar la de ANSES. Esto representaría recursos extra para las provincias por $1,58 billones (0,18% del PBI).

La alternativa de la minoría propone llevar esa participación al 42%, lo que implicaría una redistribución menor, con un impacto fiscal de $814.000 millones (0,1% del PBI).

En total, se estima que la recaudación del impuesto a los combustibles en 2025 rondará los $4,8 billones, lo que pone en evidencia el peso fiscal de cualquier modificación en su reparto.

Tensión entre política social y equilibrio fiscal

El debate en Diputados enfrenta dos modelos en pugna: por un lado, la presión social y política por restituir derechos y sostener políticas públicas que afectan a sectores vulnerables; por otro, el enfoque fiscalista del Gobierno, que prioriza el equilibrio de las cuentas por sobre la expansión del gasto.

Lo que está en juego no es sólo una pulseada parlamentaria. Es una discusión de fondo sobre las prioridades del Estado en medio de una crisis económica y social.