Desde el último debate sobre el Régimen Penal Juvenil en Diputados, que tuvo lugar en octubre de 2024, el panorama se ha mantenido relativamente constante. Los especialistas en el tema expresan su oposición a una reforma del régimen, sin embargo, se ha logrado un consenso notable entre el oficialismo y sus aliados en torno a la propuesta de bajar la imputabilidad de 16 a 14 años. Este acuerdo avanzó recientemente en forma de dictamen de mayoría, respaldado por 77 firmas. No obstante, la situación dentro de los distintos bloques políticos, incluyendo el PRO, el peronismo y sectores de la Iglesia, ha generado cierta incertidumbre a escasos minutos del plenario de comisiones.

Un aspecto significativo fue el movimiento de Patricia Bullrich, quien se trasladó desde el PRO hacia La Libertad Avanza (LLA). Varios miembros del espacio encabezado por Mauricio Macri reafirmaron su lealtad al bloque, a pesar de un comunicado interno crítico hacia la “reputación” de la ministra. En los debates dentro del plenario de comisiones, los partidarios de la ministra y del Presidente de la Nación, aunque en minoría, mantuvieron un perfil bajo y decidieron no intervenir, mientras que celebraron la mayoría obtenida en las redes sociales.

La influencia de Bullrich es notable, ya que el equipo técnico del Ministerio de Seguridad ha jugado un papel crucial en la formulación de las demandas de reforma de algunos bloques considerados dialoguistas. Estos finalmente apoyaron la iniciativa, sustentando sus argumentos en la necesidad de una contención estatal a los adolescentes en conflicto con la ley, en contraste con el lema de Casa Rosada, que sostiene que “el que las hace, las paga”. Por ejemplo, el radical Fernando Carbajal argumentó que “este proyecto no tiene absolutamente nada que ver con el que mandó el Poder Ejecutivo”, destacando dos modificaciones claves: el aumento de la edad de imputabilidad de 13 a 14 años y la reducción de 20 a 15 años en las penas máximas.

En medio de un cimbronazo interno, el PRO se unió para apoyar el Régimen Penal Juvenil. Foto: Mariano Fuchila
En medio de un cimbronazo interno, el PRO se unió para apoyar el Régimen Penal Juvenil. Foto: Mariano Fuchila

En el bloque peronista se tomaron medidas antes del encuentro, ya que se conocía la postura de tres diputados vinculados al Frente Renovador, quienes históricamente apoyan la baja de imputabilidad. Estos legisladores fueron desplazados de sus lugares de representación en las cuatro comisiones involucradas en el plenario. “Lo que se vea hoy en la comisión no será lo mismo que en el recinto”, anticipó uno de ellos, afirmando que votarían a favor del Régimen Penal Juvenil oficialista en una eventual sesión que aún no tiene fecha establecida.

"Quiero ver las disidencias primero para convocar", comentó Laura Rodríguez Machado (PRO), presidenta de la Comisión de Legislación Penal. La diputada, que ha sido una de las principales impulsoras del proyecto, destacó la cantidad de convocatorias previas al dictamen, afirmando que se trató de un trabajo transversal que consideró los aportes de diversos sectores. La necesidad de mantener la iniciativa en la agenda parlamentaria es crucial, especialmente en un contexto electoral donde la conexión entre seguridad y punitividad se vuelve más evidente. Además, resalta el pedido directo de Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias.

A pesar de ello, el principal punto de controversia sigue siendo la baja de imputabilidad. Diferentes proyectos han surgido con la intención de modificar el Régimen Penal de Minoridad, sancionado por decreto durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. Estas propuestas coinciden en incluir penas alternativas al encarcelamiento y regímenes restaurativos. El panorama legislativo se presenta con cuatro dictámenes: el de mayoría (firmado por LLA, PRO, UCR, Democracia para Siempre, provincialistas y Coalición Cívica), el de Unión por la Patria (el segundo más respaldado), el disidente de Encuentro Federal (que incluye firmas de Massot, Stolbizer y De la Sota, con pocas variantes del peronismo) y el del Frente de Izquierda (en oposición a cualquier reforma).

Baja de imputabilidad: qué dice el proyecto del Gobierno y por qué se opone la Iglesia

El rol de la Iglesia

Con el acercamiento del tratamiento del proyecto, las autoridades de la Iglesia Católica han adoptado un rol más activo, pasando de intervenciones sutiles en fechas específicas a una oposición más enérgica y directa en contra de la baja de imputabilidad. Varios diputados han mencionado la participación del clero en el debate, destacando que “se ha puesto a jugar García Cuerva directamente”. La intención detrás de esta intervención parece ser la postergación del debate, para permitir que se incluya una reforma que contemple sus perspectivas, especialmente de aquellos que trabajan en territorios suburbanos.

Las autoridades del plenario permitieron que los representantes de la Iglesia expusieran sus argumentos en un espacio legislativo, coincidiendo con la fecha que siguió a la muerte del Papa Francisco. En esta reunión participaron obispos y representantes de instituciones académicas y de caridad, quienes, según los asistentes, no mantuvieron el tono protocolar habitual, lo que generó cierta inquietud en el ámbito parlamentario.

La preocupación sobre el impacto de este debate podría extenderse a las próximas instancias de tratamiento, dado que el proyecto debe ser votado en una sesión y luego dictaminado en el Senado para su eventual aprobación. Desde el oficialismo, se ha mencionado irónicamente que “parece que todos ahora sintieron el llamado de la fe”, minimizando la idea de que el rechazo al proyecto provenga de toda la Iglesia Católica, sugiriendo que se limita a sectores de tendencia más progresista. Victoria Tolosa Paz, vista como un vínculo entre el ámbito religioso y el legislativo, indicó que la postura del catolicismo será transversal, afirmando que “están viendo algo que el Gobierno no”.

Victoria Tolosa Paz se quebró emocionalmente durante el debate en el plenario. Foto: Mariano Fuchila
Victoria Tolosa Paz se quebró emocionalmente durante el debate en el plenario. Foto: Mariano Fuchila

En marzo, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un comunicado titulado "Más oportunidades que penas", en el cual se plantea que ante situaciones delicadas se refuerzan las propuestas que se centran en los menores, cuestionando si son ellos los únicos responsables de los delitos. También se interrogan sobre la infraestructura disponible para alojar a los adolescentes que delinquen y las alternativas reales que se pueden ofrecer para su educación y reinserción social.

El comunicado enfatiza que hoy los adolescentes y jóvenes tienen un fácil acceso a las drogas, señalando que "las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia". Se plantea la necesidad urgente de reformar el sistema educativo, preguntándose para un proyecto de país inclusivo y desarrollado si se requieren más cárceles o más escuelas, y si son necesarios más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y formados.

Régimen Penal Juvenil: puntos principales

A la espera de la incorporación de las observaciones realizadas por los disidentes, la redacción del proyecto de Régimen Penal Juvenil del Ejecutivo incluye los siguientes puntos:

  • Baja de la edad de imputabilidad: de 16 a 14 años.
  • Pena máxima: 15 años de prisión.
  • Sistema escalonado de sanciones: se deben atravesar medidas alternativas de condena para delitos de menor gravedad. Entre las sanciones se prevé: inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico, servicio comunitario, reparación del daño, restricción del contacto con la víctima, y monitoreo electrónico.
  • Privación de libertad: sólo para delitos graves, con la posibilidad de sustitución parcial después de cumplir dos tercios de la condena. Los adolescentes serían alojados en institutos especializados, con personal capacitado y sin contacto con adultos.
  • Medidas restaurativas: se contempla la mediación penal juvenil, voluntaria y confidencial, para delitos con penas de hasta seis años. Además, se puede suspender el juicio a prueba en caso de delitos inferiores a los tres años.
  • Servicios para la víctima: acceso a asistencia psicológica desde el inicio del proceso y a patrocinio jurídico.
  • Infraestructura: se establecen 180 días para la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, desde su promulgación. Sin embargo, se propone su implementación sólo una vez que se concreten las instalaciones apropiadas para contener a los jóvenes.