Causa Seguros: procesaron a Alberto Fernández y le embargarán casi $15.000 millones.
El juez Sebastián Casanello lo acusó de incompatibilidad de funciones por favorecer a un bróker cercano durante su presidencia. También fueron procesados su exsecretaria y el empresario involucrado.
El juez federal Sebastián Casanello procesó este martes al expresidente Alberto Fernández por incompatibilidad en el ejercicio de la función pública, en el marco de la Causa Seguros, que investiga un esquema de contratación irregular durante su gestión. Además, dictó un embargo sobre sus bienes por $14.634.220.283,68.
La causa se originó tras revelarse que organismos estatales contrataban seguros a través de Nación Seguros, con la intermediación de brokers cercanos al entorno presidencial, entre ellos Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, exsecretaria de Fernández. Ambos también fueron procesados.
Según el fallo, el expresidente se involucró en un “plan de expansión de negocios” de estas firmas con el Estado, legitimando públicamente a sus operadores y avalando su cercanía con el poder político. Casanello consideró que esa connivencia generó un contexto propicio para que operaran con ventaja en la contratación de seguros.
La investigación se aceleró tras un informe clave de la Procelac, que determinó vínculos estrechos entre funcionarios y empresarios. Ese documento fue fundamental para que el juzgado avanzara con las medidas.
El centro de la acusación es un decreto firmado por Fernández en 2021, que obligaba a todos los organismos públicos a contratar exclusivamente con Nación Seguros, lo que habilitó el negocio con intermediarios.
En su descargo por escrito en Comodoro Py, Fernández negó irregularidades y sostuvo: “No comprendo los cargos que me formulan”. También argumentó que el decreto fue una “decisión política consensuada” con otros organismos, como el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Seguros.
“No fue una decisión individual, ni tuvo por objeto beneficiar a terceros”, añadió el expresidente, quien además defendió la medida como una forma de optimizar recursos estatales.
Sin embargo, para el juez, esa justificación no borra las responsabilidades por el conflicto de intereses y la falta de transparencia en la ejecución del decreto, que hoy lo ubica formalmente como procesado por corrupción.