Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron este lunes nuevas medidas clave contra Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad, tras la actualización del monto a devolver por el perjuicio al Estado: 537 millones de dólares. Buscan que se impida cualquier intento de movimiento o transferencia de bienes, para garantizar el recupero del dinero.

En un escrito presentado ante el tribunal que ejecuta la sentencia, los fiscales reclamaron que las restricciones patrimoniales que pesan sobre Lázaro Báez se extiendan a todos los condenados, incluida la expresidenta. “Debe evitarse que se desapoderen de los bienes que podrían ser utilizados para el cumplimiento del decomiso”, argumentaron.

El poder que Báez intentó firmar desde la cárcel

El pedido de los fiscales surge luego de que el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema actualizara el valor de los fondos desviados a $684.990 millones. El monto había sido inicialmente fijado en $84.835 millones en la sentencia de 2022.

Uno de los hechos que encendió las alarmas fue el intento de Báez —aún detenido— de otorgarle un poder de administración a su pareja, Claudia Insaurralde, para gestionar propiedades. La situación fue detectada por personal penitenciario cuando la mujer intentó ingresar con la documentación a la cárcel de Río Gallegos, y fue informada al juez.

Ante esto, los fiscales solicitaron que se profundicen las restricciones sobre los bienes inmuebles, vehículos, empresas y cuentas bancarias de todos los involucrados, incluidos los de Cristina Kirchner, quien cuenta con 26 inmuebles, dos autos y participaciones en Hotesur, Los Sauces y COMA SA.

¿Cómo sigue el proceso para el decomiso?

Con el monto actualizado, el tribunal dará ahora inicio al proceso formal para intimar a los condenados a depositar el dinero. Si no lo hacen en el plazo legal de 10 días, comenzará la ejecución forzada de bienes, es decir, remates y embargos efectivos.

El Tribunal deberá ahora actualizar las medidas cautelares ya vigentes —como embargos e inhibiciones— y comunicarlas a los registros correspondientes. “La ejecución del decomiso adquiere una relevancia central ante un daño social sin precedentes”, argumentó Luciani.

¿Qué bienes están bajo la lupa?

Los fiscales presentaron un informe detallado de 40 páginas que enumera todos los activos bajo titularidad de los nueve condenados, incluyendo propiedades, empresas y bienes compartidos con familiares, como en el caso de Cristina, cuyos hijos Máximo y Florencia también figuran como cotitulares de algunos inmuebles.

El dinero recuperado —una vez decomisado— pasará a formar parte del presupuesto del Poder Judicial, aunque existe normativa que permite que algunos bienes inmuebles puedan ser rematados o administrados por organismos del Estado.