“La autonomía universitaria no constituye un cheque en blanco para violar la ley ni para manejar fondos públicos al margen de la legalidad”.

Con esa frase, el presidente subrogante del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Jorge Basbús, resumió el espíritu del fallo que condenó al ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, junto a otros exfuncionarios, por el manejo irregular de fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

El fallo marca un precedente histórico: es la primera condena por corrupción que alcanza a la máxima autoridad universitaria en Tucumán. Según los fundamentos firmados por Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, el tribunal buscó “restablecer el valor del control público dentro de las instituciones académicas”.

“La posición jerárquica de Cerisola y su deber de garante agravan su responsabilidad penal y el daño institucional causado. El perjuicio económico fue probado con rigurosidad técnica. El dolo surge de la planificación y la persistencia en el esquema defraudatorio”, sostuvieron los jueces.

La sentencia da por acreditado que Cerisola, junto a la exdirectora de Construcciones Universitarias Olga Cudmani y el exdirector de Inversiones y Contrataciones Osvaldo Venturino, diseñaron y ejecutaron un esquema defraudatorio que permitió el manejo discrecional de los fondos de YMAD. En cambio, el exsubsecretario administrativo Luis Fernando Sacca fue absuelto por el beneficio de la duda.

Las maniobras incluyeron irregularidades en contrataciones de obras públicas, sobreprecios, colocaciones financieras sin control y resoluciones administrativas adoptadas al margen de la ley.

Tres pilares de la sentencia

Los jueces estructuraron su fallo sobre tres ejes fundamentales:

1. Obras públicas universitarias. El tribunal concluyó que las obras fueron contratadas fuera del marco legal, mediante resoluciones rectorales dictadas por Cerisola y Cudmani sin intervención de los organismos de control. Las pericias detectaron sobreprecios en trece proyectos, entre ellos el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Educación Física y el edificio de Derecho. “El análisis técnico fue exhaustivo; no hubo contraprueba que desvirtúe las conclusiones del perito oficial”, señala la resolución.

2. Manejo irregular de fondos financieros. Cerisola y su entorno dispusieron colocaciones temporarias de fondos en bancos privados y cuentas no autorizadas, sin intervención del Ministerio de Economía. “Se trató de operaciones opacas que eludieron los mecanismos de control del Estado”, indicaron los magistrados, recordando que la UNT carecía de normativa interna que habilitara ese tipo de inversiones.

3. Reducción de regalías mineras. El fallo considera uno de los hechos más graves la reducción unilateral del porcentaje de regalías que debía recibir la universidad —del 40% al 20%—. “Esa decisión no fue administrativa ni inocua, sino un acto que produjo un perjuicio patrimonial concreto a la institución”, remarcaron los jueces, subrayando que Cerisola carecía de facultades para modificar el convenio con YMAD.

El rol del rector y la responsabilidad jerárquica

La sentencia, de 97 páginas, subraya que el exrector “no podía delegar su deber de control”.

“Su omisión no fue un descuido, sino una decisión consciente de eludir los controles. La gravedad de los hechos se potencia por haber ocurrido dentro de una institución educativa pública, donde la sociedad deposita no solo recursos, sino confianza”, escribió Basbús.

El tribunal consideró acreditado que Cerisola tuvo dominio funcional del hecho y lo encuadró en los delitos de administración fraudulenta contra la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.

Los planteos de la defensa

Las abogadas Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen, defensoras de Cerisola, solicitaron la nulidad del juicio alegando violación al principio de congruencia y prescripción de la acción penal. Argumentaron que las resoluciones estaban amparadas por la autonomía universitaria y que las obras respondían a una “emergencia edilicia”.

El tribunal rechazó esos argumentos.

“No es posible invocar urgencias administrativas para justificar la violación de normas esenciales de transparencia”, respondieron los jueces, aclarando además que la acción penal no estaba prescripta en virtud del artículo 67 del Código Penal, ya que uno de los imputados —Sacca— seguía ocupando un cargo público.

Los magistrados destacaron el valor probatorio de la pericia del ingeniero Francisco Guzmán, integrante del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema. “Su informe fue idóneo, coherente y científicamente fundado. Determinó la magnitud del daño y los sobreprecios con precisión técnica”, se afirmó.

La situación de Sacca

El tribunal explicó que la absolución de Luis Fernando Sacca se basó en la falta de pruebas que acrediten su intervención directa o necesaria en las maniobras.

“No se probó que haya tenido dominio funcional del hecho ni que sus actos hayan contribuido al resultado típico”, aclararon. Tampoco se encontró evidencia que lo vincule con la reducción de regalías ni con las contrataciones irregulares.

Daño institucional y mensaje del fallo

El perjuicio económico a la UNT fue estimado en $39.277.366,08, según la pericia oficial del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero para los jueces, el impacto trasciende lo material.

“El daño económico fue probado y documentado, pero el daño institucional es más profundo: quebró la confianza en la administración universitaria”, expresaron.

El fallo también reafirma que la autonomía universitaria no exime del cumplimiento de las leyes de transparencia y control. Los jueces concluyeron que la sentencia constituye “una señal del compromiso del Poder Judicial con la lucha contra la corrupción en todos los niveles del Estado”, y ordenaron el decomiso y la actualización de los montos defraudados.