Con varias dudas, el Senado inicia el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema

Con las fallidas designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia, el Máximo Tribunal funciona en la actualidad con solo 3 de los 5 jueces. Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti son los únicos miembros activos.

Al respecto, este miércoles se realizará una reunión plenaria entre las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y Asuntos Penales, para empezar a debatir los ocho proyectos de ley de ampliación de la Corte. Entre ellos, hay iniciativas que proponen llevar el número de 5 a 7 miembros, y otras que apuntan a llegar a 15 jueces.

Los proyectos presentados corresponden a la senadora Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino); Alejandra Vigo (Unidad Federal); Flavio Fama (UCR); Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro); Silvia Sapag y Nora del Valle Giménez de Unión por la Patria; y Juan Carlos Romero (Cambio Federal).

Entre las patagónicas, Crexell y Silva coinciden en ampliar el número de jueces a 9, pero Sapag va un poco más allá y sugiere ampliar el número a 15. En el caso de Romero sugiere llevarlo a siete miembros, mientras que Vigo propone mantener en 5, pero que estén representados por miembros de las provincias. Este proyecto es similar al de Del Valle Giménez.

Por el lado del oficialismo, hasta el momento no hay precisiones sobre su postura. Si bien en más de una oportunidad se expresaron a favor de la ampliación, no hay definiciones sobre la cantidad de miembros de la Corte que prefieren. No obstante, se inclinarían a respaldar el proyecto de Romero.

Dicha iniciativa pretende “asegurar el derecho a la igualdad y el ejercicio de los derechos en forma igualitaria y sin discriminación: que, de los siete miembros de la Corte, no más de cinco sean del mismo sexo”.

AGN

Hay dos proyectos que cobraron vida e involucran a dos experimentados: el Frente de Todos, José Mayans; y el peronista disidente Juan Carlos Romero, de la bancada Provincias Unidas. Ambos comparten la disminución de los mandatos, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. Es decir, actualizados a la realidad de los gobiernos y renovaciones parlamentarias, en general. Un ítem con leves diferencias apunta a la remuneración de los auditores: el del formoseño habla de ser “equivalente” al de legisladores -sin aclarar cuáles y genera una duda, dada la diferencia entre las dietas de Diputados y Senadores en la actualidad-, mientras que el segundo impone que no perciban “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, hoy en más de $9,1 millones en bruto.

El texto de Mayans -acompaña la bonaerense Juliana di Tullio- propicia la ampliación de siete a nueve miembros -se incluye la Presidencia-, mientras que el de Romero sostiene la integración vigente. Según contó Infobae días atrás, la Casa Rosada dio a entender, semanas atrás, que prefería en este sentido el de Romero. No obstante, quienes llevan mucho tiempo en el Congreso insinúan por lo bajo que no es para nada descabellado contemplar la iniciativa del formoseño. Un tercer proyecto a la vista será el del kirchnerista salteño Napoleón Leavy.

Si la discusión sobre la AGN llegara a trabarse, se forzaría la definición bajo la normativa vigente: tres por diputados, tres por el Senado y la presidencia -hoy vigente- del peronista filo K Juan Manuel Olmos, el único que hoy salva al organismo de la acefalía. Si no, el Gobierno no descarta un DNU para modificar su integración y duración de mandatos, como indicó este medio el pasado fin de semana.

Tres horas antes del debate de hoy, la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados también analizará textos sobre la AGN. El del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue catalogado por un par de bloques en el Senado como cercano a lo delirante: cuatro para ellos, dos para la Cámara alta