La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal se reúne este lunes al mediodía para tratar uno de los temas judiciales más delicados del año: el futuro inmediato de Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

En la audiencia expondrá el fiscal general Mario Villar, quien insistirá en que la ex mandataria debe cumplir su condena en una cárcel común, y no bajo arresto domiciliario. Argumentará, además, que las condiciones actuales de detención domiciliaria no se ajustan al cumplimiento efectivo de la pena.

Por su parte, el abogado defensor Carlos Beraldi pedirá que Cristina Fernández de Kirchner continúe bajo arresto domiciliario, pero sin tobillera electrónica y con libertad plena para recibir visitas, sin necesidad de autorización judicial previa.

En su presentación, Beraldi argumentó que no existen antecedentes jurídicos que avalen restricciones a las personas que ingresan al domicilio en el marco de una prisión domiciliaria. A su juicio, la única limitación legal es la prohibición de salir del inmueble —ubicado en San José 1111, barrio de Constitución—, por lo que el monitoreo electrónico sería innecesario y excesivo.

Sin embargo, fuentes judiciales sostienen que el arresto domiciliario no puede desnaturalizarse, ya que se trata de una condena firme por corrupción que también incluye la inhabilitación para cargos públicos. El juez Jorge Gorini había resuelto que cualquier visitante no contemplado en el listado original presentado por la defensa —que incluye familiares, abogados, médicos y contadores— deberá solicitar autorización previa del Tribunal.

Reprogramación rechazada

La audiencia se realizará en el plazo previsto, luego de que la Sala IV rechazara el pedido del fiscal Villar para reprogramarla.

El planteo del fiscal sostenía que no se había respetado el plazo mínimo fijado por el Código Procesal Penal —cinco días desde la notificación de las actuaciones—, pero los jueces Borinsky y Barroetaveña consideraron que no se demostró un perjuicio concreto, sino una simple disconformidad con la fecha.