Una denuncia penal por presuntos delitos contra la soberanía nacional fue presentada recientemente en los tribunales federales contra el presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el excanciller Gerardo Werthein; y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. La acción judicial afirma que los funcionarios habrían delegado, de manera ilegal y de facto, la conducción de la política cambiaria argentina a intereses extranjeros, afectando la administración del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

La presentación fue promovida por el economista Claudio Lozano, el abogado Jonatán Baldiviezo, la ingeniera María Eva Koutsovitis y el abogado Marcos Zelaya, con el respaldo de Unidad Popular, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el colectivo La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. El expediente recayó en el Juzgado Federal N°12, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini.

Denuncian a Javier Milei, Luis Caputo, Gerardo Werthein y al presidente del BCRA por delitos contra la soberanía nacional

Según el escrito, Milei habría negociado con autoridades de Estados Unidos la delegación de la política cambiaria, mientras Caputo habría coordinado la ejecución con el exfuncionario del Tesoro estadounidense Scott Bessent. Además, la denuncia sostiene que el BCRA permitió la continuidad de una intervención externa en el mercado mediante bancos internacionales como Santander, Citi y JP Morgan, con operaciones destinadas a incidir en la cotización del peso.

Los denunciantes describen la situación como una “gravedad institucional sin precedentes” y sostienen que no existen antecedentes de una cesión de facultades soberanas tan explícita, ni siquiera en regímenes de facto. También agregan que la supuesta delegación habría venido acompañada de condicionamientos en sectores estratégicos, como energía, minería, uranio, litio y petróleo, a cambio de apoyo financiero.

En el escrito se imputan delitos previstos en el Código Penal, entre ellos negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, infidelidad diplomática, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, fraude contra la administración pública y agiotaje financiero. La denuncia advierte que, de comprobarse, la delegación habría puesto en manos de una potencia extranjera la capacidad de influir sobre el valor del peso, el sistema de precios y la competitividad de la economía nacional. El trámite seguirá su curso judicial y la causa aguardará las determinaciones del juzgado correspondiente.