El presidente Javier Milei presentó ayer ante el Congreso Nacional el Presupuesto 2026 y, en un mensaje transmitido por cadena nacional, instó a trabajar “codo a codo” con los gobernadores para alcanzar metas centrales del programa de Gobierno, como el superávit fiscal. La propuesta presupuestaria busca marcar prioridades de gasto y enviar señales al Congreso sobre las reformas que el Ejecutivo pretende impulsar en el próximo período legislativo.

El vínculo entre la Nación y las 24 provincias llegó a un punto de tensión tras decisiones del Poder Ejecutivo que afectaron la ejecución de obra pública y la transferencia de recursos. Funcionarios provinciales y gobernadores reprocharon la paralización de proyectos y la dosificación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que deterioró la confianza entre niveles de gobierno y generó fuertes cuestionamientos desde distintos distritos.

En términos cuantitativos, el Presupuesto 2026 contempla partidas por $569.426 millones para el programa de ATN, un incremento del 104,7% respecto a los $278.232 millones previstos para 2025, según la plataforma Presupuesto Abierto. Desde la Casa Rosada sostienen que el aumento responde a la necesidad de contar con herramientas para atender contingencias y negociar con las provincias en un marco de mayor previsibilidad fiscal.

En el oficialismo admiten que las gestiones buscarán recomponer vínculos con sectores de la oposición y con gobernadores para asegurar la gobernabilidad y respaldos legislativos en caso de avanzar con reformas de segunda generación. Operadores del espacio señalan que, más allá del resultado electoral, es imprescindible construir alianzas que permitan compatibilizar objetivos nacionales con demandas regionales.

No obstante, la búsqueda de consenso enfrenta obstáculos. El Presidente vetó la ley que proponía un reparto automático de los ATN entre las provincias, argumento que en el Ejecutivo se fundamenta en la pérdida de flexibilidad ante emergencias y en supuestas deficiencias legales de la norma. La medida profundizó la desconfianza de buena parte de los mandatarios provinciales, muchos de los cuales denuncian incumplimientos en obras y transferencias pese a los acuerdos firmados en 2024.