El Cadillal: hay más de 800 denuncias por usurpaciones
Desde la Dirección General de Catastro informaron que de los numerosos emprendimientos inmobiliarios existentes solo dos fueron autorizados a ser loteados.
La Dirección General de Catastro de la provincia, a cargo de Alejando Navarro, reveló en un informe numerosas irregularidades detectadas en loteos y tierras fiscales de El Cadillal.
Hasta el momento se pudo conocer que las anomalías involucran a 300 hectáreas de tierras fiscales y más de 3000 viviendas que fueron construidas ilegalmente.
Ahora trascendió que en la Fiscalía de Estado hay más de 800 denuncias realizadas por usurpaciones.
Respecto a la elaboración del informe, en unas declaraciones brindadas al diario La Gaceta, Navarró detalló: “Se hizo con mucho esfuerzo y con la utilización de tecnología que nos permitió saber dónde estamos parados".
El funcionario precisó que si toman como referencia las decenas de loteos que se ejecutaron en los últimos 20 años, solo dos obtuvieron la autorización de Catastro. El resto de los emprendimientos inmobiliarios no cumple lo requisitos legales, es decir no aprobaron los informes de factibilidad ni accedieron a las escrituras.
Para poder construir es necesario comprobar que la zona tiene acceso a los servicios de luz y agua, que no se generará un daño ambiental y que el predio se encuentra en una zona no inundable, de derrumbes o cualquier otro factor de riesgo. A la vista está claro que hay centenares de construcciones que no respetaron alguno o ninguno de esos ítems.
El funcionario añadió además que las autoridades municipales o comunales son los responsables de confeccionar los certificados de factibilidad. También informó que deben denunciar si es que descubren el desarrollo de un proyecto que no haya iniciado los trámites. Por esa razón, al menos tres ex comisionados rurales de El Cadillal quedaron en la mira por no haber advertido de las presuntas irregularidades.
La Fiscalía de Estado tendrá un exhaustivo trabajo para poder avanzar con las denuncias recibidas. Según trascendió, en muchos expedientes ya se habían ordenado los desalojos, pero en algunos casos pasaron más de 10 años sin que se ejecutaran, por lo que se perdió el derecho de recuperar esas tierras. “Hay que avanzar despacio y analizar cada uno de los casos, Lo más importante es que hay una decisión política de hacerlo”, finalizó Navarro.
Cabe señalar que todo el trabajo realizado por un equipo de profesionales de distintos estamentos estatales fue pedido por Osvaldo Jaldo. Luego de recuperar tierras en la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar, el gobernador dio la orden de investigar y determinar si el Estado tucumano debe tomar posesión de otros terrenos principalmente en zonas turísticas.
