El Gobierno limitó por decreto el derecho a huelga y amplió las actividades que deberán prestar servicios en un paro

A través de un reciente decreto, el Gobierno argentino ha decidido regular el funcionamiento de la marina mercante, reavivando su intención de limitar el derecho a huelga. Esta iniciativa se suma a intentos anteriores que incluyeron el DNU 70/23, cuyo capítulo laboral fue suspendido por la Justicia, así como a artículos excluidos de la Ley Bases aprobada por el Congreso. El nuevo DNU 340/25, que cuenta con la firma de varios miembros del Gabinete, amplía las actividades consideradas esenciales, incorporando el transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones. Además, establece la obligación de garantizar el 75% de la operatividad de estos servicios en caso de huelga.

El decreto también introduce la figura de actividades consideradas de importancia trascendental, que abarca una variedad de sectores y les impone la responsabilidad de mantener un mínimo del 50% de la prestación durante las jornadas de huelga. Entre las actividades que caen bajo esta categoría se encuentran los principales rubros industriales, como la alimentación, la metalúrgica y la construcción, así como el funcionamiento de bancos, comercios y locales gastronómicos, además de todos los sectores relacionados con la exportación.

La decisión gubernamental ha generado sorpresa y preocupación entre los gremios y centrales sindicales, como la CGT, que han interpretado que el decreto “prohíbe de forma directa el derecho a huelga”. Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, advirtió que el criterio adoptado en el decreto es tan amplio que prácticamente cualquier actividad podría considerarse esencial o trascendental, lo que diluiría el efecto de la huelga.

Nuevos servicios esenciales y restricciones

Hasta la fecha, la legislación argentina, alineada con los parámetros de la OIT, reconocía como esenciales solo aquellos servicios cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Esto incluía actividades vinculadas a servicios sanitarios, suministro de agua y energía, y el control del tráfico aéreo. Con el nuevo decreto, se amplían las actividades esenciales e incorporan las de importancia trascendental, con un nuevo enfoque que considera “la interrupción o suspensión de la producción que pudiera afectar metas de recaudación asociadas a políticas de equilibrio fiscal”.

El listado de actividades consideradas esenciales abarca ahora: servicios sanitarios y hospitalarios, el transporte y distribución de medicamentos e insumos, servicios farmacéuticos; producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas y energía eléctrica; servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet; y actividades de aeronáutica comercial, entre otros.

También se incluyen servicios aduaneros y migratorios, así como aquellos relacionados con el comercio exterior; la educación en todos sus niveles, desde guarderías hasta educación especial; y el transporte marítimo y fluvial.

De acuerdo al artículo 3 del DNU, los servicios esenciales deberán asegurar un 75% de operatividad en caso de huelga, mientras que las actividades de "importancia trascendental" no podrán caer por debajo del 50%, sin opción a negociar porcentajes menores.

Actividades de importancia trascendental

Entre las nuevas actividades clasificadas como de importancia trascendental, que deberán mantener un mínimo del 50% de operatividad durante las huelgas, se incluyen:

• Producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios.
• Transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías.
• Servicios de radio y televisión.
• Actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y producción de aluminio, actividad química y cementera.
• Industria alimenticia en toda su cadena de valor.
• Producción y distribución de materiales de construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, y distribución de alimentos y bebidas.
• Servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, así como comercio electrónico.
• Producción de bienes o servicios comprometidos con la exportación.

Reacciones y críticas

La medida ha suscitado una ola de reacciones críticas. Expertos laboralistas han calificado el decreto como un ataque al derecho a huelga. Un abogado de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas ha afirmado que, hasta ahora, la legislación argentina solo consideraba esenciales aquellos servicios cuya interrupción pudiera poner en riesgo la vida y la salud de la población. “Esto no busca regular, sino prohibir la huelga”, sentenció.

Otro especialista, director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, ha señalado que el DNU 340/2025 intenta revivir un artículo del DNU 70/23, que ya había sido frenado por la Justicia y aún está pendiente de resolución en la Corte Suprema.

Desde el ámbito político, una diputada nacional ha instado a las centrales obreras a unificar esfuerzos y convocar a un paro general en rechazo a la normativa.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, evitó profundizar sobre los alcances del decreto, limitándose a afirmar que “nada estará fuera de la ley”. Mientras tanto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no ha hecho comentarios al respecto.

Un contexto de desregulación

El DNU 340/2025 se inscribe en un contexto de desregulaciones promovidas por el gobierno, especialmente en el ámbito de la marina mercante.

Esta norma cuenta con el respaldo de Milei y de varios ministros de diferentes carteras, lo que indica un apoyo significativo dentro del Ejecutivo. No obstante, su impacto sobre los derechos laborales y educativos continuará generando un intenso debate dentro de la sociedad argentina.