Por primera vez desde el inicio de la actual gestión, la oposición consiguió revertir un veto presidencial a la Casa Rosada. Se trata del rechazo al veto de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, norma que propone regularizar el pago a prestadores y actualizar aranceles para garantizar la continuidad de prestaciones esenciales. Frente a la posibilidad concreta de que la oposición insista con la sanción del proyecto, el Gobierno había comenzado a delinear —según fuentes oficiales y allegadas— una estrategia judicial destinada a impedir su plena aplicación.

Después de repetidas confrontaciones en el recinto, la administración nacional parece haber topado con un límite: el reclamo transversal de distintos sectores sociales y políticos para que se actualicen partidas y se asegure el financiamiento de programas dirigidos a personas con discapacidad. La situación expuso grietas dentro del oficialismo de La Libertad Avanza, que sufrió la descomposición de vínculos con varios legisladores y aliados, tensiones que se acumularon en los meses previos y que culminaron en la definición de las listas de candidatos el fin de semana pasado.

Según publica Infobae, la Casa Rosada mantenía en estudio desde hace días la posibilidad de anunciar mayores fondos para el sector de discapacidad. La iniciativa buscaba seducir a diputados que, aun alineados con LLA, podrían mostrarse dispuestos a acompañar al Ejecutivo si percibían gestos concretos de colaboración. El objetivo táctico consistía en lograr la ratificación del veto presidencial, pero a la vez ofrecer una salida que mitigara el rechazo social frente a un tema de alta sensibilidad y que alentara a ciertos legisladores a votar en respaldo del Gobierno. El episodio deja en evidencia la complejidad de gobernar en un contexto político fragmentado y altamente expuesto: la cuestión de la discapacidad, que atraviesa demandas legítimas y urgentes, obligó a marcar un punto de inflexión en la relación entre el poder ejecutivo y sectores sociales que reclaman respuestas inmediatas.

Asimismo, el caso expone cómo la dinámica interna del oficialismo y la necesidad de sostener estabilidad política influyen en decisiones que, aunque de apariencia técnica o administrativa, tienen un impacto profundo en la vida de miles de personas. Queda por verse si las maniobras judiciales que el Gobierno llegó a contemplar —y las eventuales compensaciones presupuestarias ofrecidas— alcanzarán para contener los efectos políticos del rechazo al veto. Mientras tanto, la discusión pública sobre financiamiento, derechos y prioridades sociales continúa ganando centralidad y obliga a actores de diversa procedencia a redefinir estrategias en función de un reclamo que, por su naturaleza, trasciende las polarizaciones partidarias.