Luego del escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el Gobierno presentó este lunes una denuncia penal ante la Justicia Federal y acusó a una "operación de inteligencia ilegal" por la grabación de "conversaciones privadas" de Karina Milei y "otros funcionarios". Tras una reunión con los abogados del Estado en el despacho de Santiago Caputo, la Casa Rosada formalizó la denuncia por la filtración de audios que involucrarían a Milei y a Diego Spagnuolo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, difundió en sus redes que se trató de una maniobra destinada a "desestabilizar al país en plena campaña electoral" y añadió: "Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido. Fin".

La presentación la realizó el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y quedó radicada en el juzgado federal N.º 10. En el escrito, al que accedió la prensa, se sostiene que la maniobra constituye "un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia" y que podría tratarse de "una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520".

Según la denuncia, los hechos incluirían espionaje ilegal, edición clandestina de audios y su posterior difusión con fines políticos, en la antesala de las elecciones legislativas. El Gobierno solicitó medidas cautelares para prohibir nuevas publicaciones de los registros y pidió allanamientos y peritajes digitales para determinar el origen, la edición, los metadatos y la cadena de custodia de las grabaciones.

La nueva filtración motivó un encuentro que se estiró hasta altas horas de la noche en la sede del Ejecutivo que contó con la presencia de Santiago Caputo, Manuel Adorni, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, entre otros.