En medio del escándalo nacional por un presunto entramado de coimas en la compra de medicamentos, se denunció que en el último año y medio las partidas presupuestarias de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se habrían “inflado” en más de 2 billones de pesos. Según el estudio presentado por el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, esas ampliaciones se realizaron principalmente mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el presidente Javier Milei.

Rodríguez explicó que, “durante todo el 2024 y parte del 2025, el presupuesto se fue actualizando mediante decisiones del Poder Ejecutivo. Hubo quince ampliaciones de fondos.” El exlegislador precisó que los decretos analizados (284/2024, 594/2024, 1104/2024, 186/2025 y 425/2025) aumentaron partidas para la compra de insumos farmacéuticos y medicinales: 172.800 millones de pesos para Salud, más de 2.100 millones para Seguridad y más de 1.340 millones para Defensa.

En el foco del estudio, señaló Rodríguez, están las partidas de ANDIS que, según su hipótesis aún no probada, “eran para subsidios a personas con discapacidad”. El referente de la corriente federal peronista alertó sobre una ampliación puntual que, dijo, “incorpora 1.500 millones de dólares solo con una firma” y pidió que se investigue: “Hay que mirar con mucha atención eso. Una sola ampliación incorpora 1.500 millones de dólares solo con una firma. Bueno, hay que investigarlo; es muy sencillo hacerlo”.

El análisis presentado plantea interrogantes sobre la transparencia en el uso de fondos destinados a sectores vulnerables y la legalidad de las decisiones administrativas que modificaron el presupuesto. Fuentes oficiales aún no ofrecieron una respuesta detallada sobre las acusaciones, por lo que la petición de investigación y auditoría administrativa y contable permanece como reclamo central de los dirigentes que expusieron el informe.