La situación política en Argentina se ha vuelto más compleja y, a medida que avanza el tiempo, es crucial prestar atención a los matices que están en juego. El oficialismo se encuentra en medio de una complicada interacción con gobernadores y legisladores aliados que, hasta hace poco, habían jugado un papel clave como defensores frente a las críticas y acciones de la oposición en el Congreso. Esta nueva dinámica plantea un escenario donde el conflicto, si no se maneja con cuidado, podría resultar en la aprobación de leyes que afecten negativamente el superávit fiscal. 

Es importante considerar que la mayoría en el Congreso tiene el poder de anular los vetos presidenciales, lo que significaría que, si se llega a un punto de quiebre, las decisiones que se tomen podrían tener consecuencias duraderas para la economía del país. Por lo tanto, es fundamental que todas las partes involucradas busquen un diálogo constructivo y trabajen en conjunto para evitar que la situación escale. La estabilidad política y económica es un objetivo que, si se persigue con voluntad, podría beneficiarnos a todos, más allá de las diferencias ideológicas.

La disputa tiene como marco ineludible las tensiones por los armados electorales en las provincias y la caída de los ingresos coparticipables que sufren, en mayor o menor medida, los gobernadores. Los aliados sostienen que les llegó el momento de cobrar favores tras un año y medio de ponerle el cuerpo a la gobernabilidad en el Congreso. Sin embargo, la Casa Rosada no se inmuta. Avisó que no sacrificará el superávit fiscal ni repartirá más fondos a las provincias y, convencida de que teñirá el país de violeta en las próximas elecciones, no le abrirá las listas de La Libertad Avanza a los aliados salvo excepciones, como Buenos Aires.

La réplica al desplante del Gobierno no tardó en tronar en el Congreso. Con el aval de los 24 mandatarios provinciales, los jefes de bloque opositores y aliados del Senado presentaron dos proyectos de ley para coparticipar fondos que actualmente retiene la Nación. Toda una declaración de guerra. En paralelo, en la Cámara de Diputados se firmarán la semana próxima los dictámenes para garantizar el financiamiento de las universidades y declarar la emergencia en la salud pediátrica a raíz del conflicto en el Hospital Garrahan. El presidente Javier Milei anticipó que vetará todas estas iniciativas si son ley.

El kirchnerismo sigue atento el conflicto. Huele sangre. Desde la condena a prisión de Cristina Kirchner radicalizó sus proclamas. El jueves pasado tomó por asalto la Comisión de Presupuesto que el libertario Ezequiel Atauche mantenía clausurada y forzó los dictámenes a los proyectos de recomposición de las jubilaciones, de prórroga de la moratoria previsional y de declaración de emergencia en la asistencia pública a la discapacidad. Las tres ya tienen media sanción y, salvo la de moratoria previsional, serían convertidas en ley pese a las amenazas de veto.

José Mayans, jefe del bloque kirchnerista, anticipó que pedirá una sesión especial para el jueves próximo. Astuto, Mayans quiere incluir los dos proyectos auspiciados por los gobernadores para meter presión. Uno de ellos propone eliminar una serie de fideicomisos para que los recursos que los nutren sean coparticipados entre las provincias; asimismo, dispone que el 57,02% de lo producido por el impuesto a los combustibles también sea girado a los distritos.

Gobernadores y opositores avanzan con un paquete de leyes que complican a Milei

El otro proyecto propone repartir el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias” en “forma diaria y automática”. Se trata de un fondo millonario: en cinco meses recaudó $365.000 millones y, en lo que va del año, solo distribuyó el 20%.

“Son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”, argumentaron los senadores firmantes.

La Casa Rosada no se sorprendió ante la ofensiva, pero por ahora no da señales de ceder. Su única estrategia es la de intentar procrastinar el golpe. En pocos días arrancará el receso legislativo y confía en que el Congreso bajará las persianas cuando la campaña electoral entre en calor a partir de setiembre. Espera contar con la ayuda de gobernadores dialoguistas –Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut)- para evitar que la sangre llegue al río antes de las elecciones.