Investigan una estafa millonaria en contra de la Caja Popular de Ahorros
La Caja Popular de Ahorros denunció un fraude que generó un perjuicio económico estimado en más de $5.654 millones, con posibilidad de que la cifra crezca hasta un 24% a medida de que avancen las pericias. La causa se tramita en la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N°2, a cargo del fiscal Diego Hevia.
El mecanismo de la maniobra consistía en la presentación de amparos con información falsa para obtener indemnizaciones indebidas. Según la investigación, empleadores y representantes legales alteraban fechas de trabajo y hasta causas de muerte para simular que los fallecimientos estaban vinculados a siniestros laborales; en especial durante la pandemia de la covid-19. “Se manifestaba que el trabajador estaba prestando servicio cuando en realidad no lo estaba”, explicó el interventor del organismo José Díaz. Uno de los puntos más llamativos es que más de 70 expedientes sospechosos fueron patrocinados por el mismo bufete de abogados. Las pericias caligráficas confirmaron que buena parte de los formularios habían sido completados por una sola persona. Además, se descubrieron firmas falsificadas, certificados médicos adulterados y documentos de covid-19 apócrifos. En algunos casos, los supuestos firmantes negaron haber intervenido en los trámites.
Funcionarios estatales
Díaz remarcó que no se trata de empleados de la Caja Popular, sino de funcionarios estatales que habrían facilitado el fraude. “Se trataba de instrumentos viciados, donde se hacía creer que un trabajador estaba en funciones para activar el pago del siniestro”, señaló. Y aclaró: “Son funcionarios de distintas representaciones del Estado, en organismos provinciales, municipales o comunales”.
Detalló que el fraude estaba “bien orquestado, con un patrón de conducta sostenido en el tiempo”. Según describió, el estudio jurídico recolectaba datos de familiares de fallecidos por covid-19 y armaba los expedientes falsos. “Se adjuntaban historias clínicas que no revelaban el diagnóstico real y documentos sin la firma del deudor. Muchas veces se sorprendió en la buena fe a jefes de personal, haciéndoles firmar formularios con datos que no correspondían”, denunció.
La Caja Popular detectó las anomalías gracias a controles internos. A partir de allí se iniciaron investigaciones administrativas que derivaron en la denuncia penal. “Como funcionarios públicos tenemos la obligación de poner en conocimiento de la Justicia un hecho presuntamente ilícito, pero también de recuperar los fondos que fueron indebidamente extraídos”, sostuvo Díaz. Y agregó que se iniciaron demandas civiles para acompañar el proceso penal.
Sobre el alcance del caso, admitió que por ahora hay entre cinco y siete personas imputadas; entre ellas abogados -una que se desempeñó en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán- y ex funcionarios. “No puedo decir con certeza si habrá más, pero es una posibilidad”, expresó. Y agregó: “La cifra de $5.000 millones surge de la normativa de riesgo de trabajo y de los intereses aplicados, pero podría aumentar”.
También aclaró que la investigación comenzó hace tres años. “La Caja comenzó a trabajar en silencio y a reunir pruebas. Sucede que ahora se produjeron medidas procesales que tuvieron impacto público. Nuestra función no es dar publicidad, sino cuidar el patrimonio de la institución, que es parte de toda la provincia”, destacó.
El caso se perfila como uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años en Tucumán. La Fiscalía de Estafas y Cibercriminalidad avanza en la recolección de pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades penales, mientras la Caja Popular busca recuperar parte de los fondos defraudados. “Estamos cumpliendo con la obligación que nos impone la ley: proteger el patrimonio público y colaborar con la Justicia”, concluyó Díaz. / La Gaceta