En un despacho con la calma tensa que suele acompañar a los gobernantes tras jornadas electorales que reconfiguran expectativas, Osvaldo Jaldo trazó un diagnóstico del presente y dejó señales sobre el vínculo que su provincia mantendrá con la Nación. Tras la contundente derrota del oficialismo en los comicios de Buenos Aires, cuyo resultado —con Fuerza Patria imponiéndose por 13,5 puntos sobre La Libertad Avanza— tuvo efectos inmediatos en los mercados internacionales, el gobernador tucumano expresó preocupación por la respuesta de la economía: tasas de interés que trepan al 80 o 90 por ciento, encareciendo el crédito y complicando la actividad empresarial y personal.

En diálogo con El Matutino de El Ocho, Jaldo puso en contraste la situación nacional con la de Tucumán. Afirmó que la provincia conserva un orden fiscal que le permite exhibir superávit, garantizar el pago de salarios y asegurar la continuidad de los servicios públicos. Ese diagnóstico sustentó su disposición a colaborar con el gobierno nacional, pero con una condición explícita: que la Casa Rosada presente propuestas concretas y medidas claras que contemplen las necesidades provinciales, especialmente en la distribución de recursos —mencionó de manera puntual los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y lo vinculado al impuesto a los combustibles—.

El gobernador no solo habló de números y exigencias: repasó también la agenda de obras en marcha. Entre los proyectos que enumeró se cuentan la construcción de la cárcel de Benjamín Paz, el acueducto de Vipos, mejoras en la infraestructura eléctrica de El Bracho y la ampliación del aeropuerto de Tucumán. Todas iniciativas presentadas bajo la metáfora del desarrollo: potenciar el turismo, mejorar la conectividad aérea y reforzar servicios para sostener la actividad económica local.

En el plano institucional, Jaldo recordó que las reformas electorales y de acceso a la información están previstas para impulsarse a partir del próximo año, una decisión que justificó en la priorización de su gestión por la atención a la salud, la seguridad y la infraestructura durante los primeros meses de mandato. Esa secuencia habla de una agenda escalonada: consolidar lo esencial para, luego, encarar transformaciones del marco normativo.

Por último, el mandatario lanzó una advertencia con tono mesurado pero claro: las próximas elecciones definirán el rumbo del país. Si el gobierno nacional no reorienta sus decisiones hacia políticas que tengan en cuenta a la gente y aseguren a las provincias lo que les corresponde por ley, advirtió, la situación podría agravarse. Fue, en suma, una declaración que combina diagnóstico económico, defensa del manejo fiscal provincial y una demanda de condiciones claras para cualquier diálogo o coordinación con la Casa Rosada.