Este lunes, el presidente de la Nación, Javier Milei, junto a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, llevó a cabo la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). En este evento, el primer mandatario reportó un patrimonio total de $206.046.375, lo que marca un incremento de $80.405.484 en comparación con su declaración anterior, la cual cerró en diciembre de 2023 y que ascendía a $125.650.891. 

Por su parte, su hermana, quien ha tenido un rol significativo en la estrategia política del gobierno, declaró un patrimonio de $11.401.021, evidenciando un crecimiento de $3,5 millones respecto a su declaración anterior. 

Un aspecto destacado en la declaración jurada del presidente es que, a pesar del notable crecimiento en su fortuna, no se incorporaron nuevos inmuebles. Continúa con la misma propiedad, un departamento de 100 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya revalorización es significativa: se ha declarado ahora con un valor de $38.419.071, en contraste con los $13.657.100 de la declaración anterior. Además, Milei reportó tener ahorros en dólares, que se desglosan en $20.000 en efectivo (equivalentes a $20.580.000 pesos) y $65.542 depositados en el país, valorados en $67.443.222 pesos. 

Es importante señalar que el presidente no declaró poseer deudas y también incluyó en su declaración dos vehículos valorados en $36.427.800. En lo que respecta a la declaración de Karina Milei, es notable el aumento patrimonial que ha experimentado, el cual casi triplica su valor anterior. La secretaria General de la Presidencia reportó un patrimonio de $11.401.021, en comparación con los $3.548.270 declarados el año anterior. En contraste con su hermano, Karina no posee dólares en efectivo ni en cuentas bancarias. Su principal activo es un departamento de 150 metros cuadrados, que ha aumentado su valor de $1.833.559 a $3.992.825 en el último año. 

Además, Karina Milei cuenta con $4.260.081 en una caja de ahorro y un crédito impositivo que supera los $2,4 millones. La presentación de estas declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción es una obligación que tienen todos los funcionarios, incluyendo diputados y senadores, para informar anualmente sobre la evolución de sus patrimonios. Este mecanismo busca garantizar la transparencia en la gestión pública y permitir a la ciudadanía un acceso a la información sobre la situación patrimonial de sus representantes.