Javier Milei habló en voz alta por primera vez sobre la acusación que surgió tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En medio de una caravana en Lomas de Zamora, donde el presidente estaba haciendo campaña de cara al 7 de septiembre, respondió a una única pregunta de un cronista de C5N: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, afirmó Milei mientras saludaba a los presentes, acompañado por su hermana Karina —mencionada en las grabaciones— y por José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el oficialismo.

El escándalo estalló cuando se difundieron audios en los que Spagnuolo denunciaba presuntas maniobras irregulares y una recaudación ilegal vinculada a la compra y venta de medicamentos. Según esas grabaciones, que se conocieron a través del programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en la plataforma de streaming Carnaval, operadores de ANDIS solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, y la droguería Suizo Argentina S.A. habría actuado como intermediaria privilegiada, con capacidad para definir condiciones y precios frente a los proveedores.

Aunque Milei ya había reaccionado en redes días atrás —retuiteando un mensaje del subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem—, este fue su primer pronunciamiento público directo sobre la cuestión. En ese mensaje, Menem negó cualquier participación en las contrataciones del ANDIS y calificó las acusaciones como “una burda operación política”, una postura que también fue replicada por otros funcionarios cercanos al presidente, incluida la secretaria General de la Presidencia. La aparición de los audios reabrió interrogantes sobre el funcionamiento interno de la agencia y el vínculo entre funcionarios y proveedores.

Spagnuolo aseguraba en las grabaciones que el mecanismo permitía a la droguería definir condiciones favorables, mientras que los aludidos sostienen la falsedad del contenido y anticipan acciones legales para esclarecer la veracidad de las pruebas y determinar responsabilidades. La controversia suma tensión a la campaña y plantea, además de un desafío político inmediato para el oficialismo, la necesidad de una investigación judicial exhaustiva que confirme o desmienta las afirmaciones difundidas.

En los próximos días será clave la evolución de las pericias sobre los audios, las eventuales presentaciones judiciales y las declaraciones de los involucrados, en un escenario donde las acusaciones y las negaciones públicas ya forman parte del debate público.