Javier Milei vetó la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca
La norma aprobada en el Congreso creaba un fondo de $200.000 millones para la reconstrucción de la ciudad y otros municipios. Desde el Ejecutivo argumentan que ya se implementó un programa con el mismo objetivo.
El Gobierno nacional tomó la decisión de vetar la ley de emergencia que proponía la creación de un fondo especial de $200.000 millones para la reconstrucción de Bahía Blanca y otros municipios que sufrieron las consecuencias de las inundaciones de marzo de 2025. Desde el Ejecutivo, argumentan que ya han implementado un programa con el mismo fin, considerándolo innecesario en este contexto.
La ley 27.790 había declarado el estado de emergencia y catástrofe en el sur de la provincia de Buenos Aires por un período de 180 días, concentrando sus esfuerzos en los distritos de Bahía Blanca y Coronel Rosales. Este proyecto había sido aprobado por el Senado el 7 de mayo y contaba con el respaldo de 153 votos a favor y 32 en contra en la Cámara de Diputados el 4 de junio.
Entre los objetivos de la iniciativa se incluían la entrega de subsidios a quienes habían perdido su fuente de ingresos, la iniciación de obras de infraestructura y la creación de líneas de financiamiento a tasas preferenciales para asistir a los sectores más afectados por la catástrofe.
El veto se formalizó a través del Decreto 424/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los argumentos detrás del veto a la ley de emergencia para Bahía Blanca
En la justificación del veto, se menciona que el 1 de abril se estableció la creación de un fondo especial de $200.000 millones, junto con un programa de asistencia denominado "Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)", que perseguía los mismos objetivos que la ley vetada. Estas medidas fueron puestas en marcha mediante el Decreto 238/25 y se gestionan desde el ministerio de Seguridad.
Desde la perspectiva del Gobierno, la sanción del decreto N° 238/25 hace innecesaria la asistencia financiera que la ley proponía, especialmente en un contexto de estrechez presupuestaria que se vive en la actualidad. Se argumenta que “el 85,43% del total de inscriptos para recibir el S.U.R. ya han recibido el pago correspondiente”, mientras que “los casos bajo análisis representan el 10,55% y los rechazos únicamente el 4,01%”.
El decreto presidencial también señala que la implementación del S.U.R en la localidad de Coronel Rosales “resulta de imposible cumplimiento” debido a que esta localidad no se encuentra dentro de la “zona establecida como la más afectada”, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Adicionalmente, se crítica la falta de previsión presupuestaria en la ley que fue sancionada. Según la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, “las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán”.
El texto también menciona el artículo 8° del proyecto de ley, que proponía una línea de financiamiento destinada a la reconstrucción de viviendas y asistencia a sectores productivos. El Ejecutivo hizo hincapié en que el Banco Nación “ya cuenta con las facultades necesarias para otorgar este tipo de asistencia financiera según su Carta Orgánica”.
Con la decisión de veto, el Gobierno ha devuelto el proyecto al Congreso y, a su vez, ha cerrado la posibilidad de declarar la emergencia y crear nuevos fondos de asistencia durante el presente año legislativo.