Juicio por YPF: el Gobierno sospecha de la venta de información por parte de empleados del Estado
Desde la Casa Rosada dieron la orden de despedir a funcionarios de la Procuración del Tesoro, que lleva adelante la defensa del Estado. Hablan de una reestructuración del organismo y de la disolución de unidades internas.
La Casa Rosada dio la orden de despedir funcionarios de la Procuración del Tesoro tras enterarse de presuntas filtraciones y venta de información sobre la causa del Estado Nacional contra Burford por la estatización de YPF. Aunque prima el hermetismo sobre cómo llegaron esas sospechas, en el Gobierno hablan de que habrá una reforma al interior del organismo.
“Creemos que hubo venta de información”, afirmó una fuente inobjetable del Gobierno, alegando que habría habido una filtración al interior de la Procuración del Tesoro, el área que se encarga de llevar todos los servicios jurídicos en representación del Estado Nacional.
La Procuración del Tesoro tiene una planta de 242 empleados y cuenta con un presupuesto de $8662 millones para la administración de seis direcciones nacionales: Asuntos Judiciales, Dictámenes, Sumarios e Investigaciones Administrativas, Auditoría, Asuntos y Controversias Internacionales y Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado.
Los subprocuradores son Julio Pablo Comadira y Juan Stampalija, que sigue la defensa argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Tienen a cargo también una dirección de Coordinación Técnica Administrativa, que abarca cuatro coordinaciones: Presupuesto, Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos, Compras y Contrataciones y Gestión Informática.
El órgano que se encarga de las defensas judiciales de Nación tiene a cargo también el Registro Único de integrantes del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (RUICAE) y el Registro de Colaboradores y Consultores Técnicos del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (RECCOT).
El Gobierno cree que hay una serie de áreas -con acceso a los expedientes en trámite, como las apelaciones ante la Justicia de los Estados Unidos- que envía comercia información con los fondos beneficiarios. “Tuvimos una serie de casos que nos llevaron a actuar”, agregan en el oficialismo.
En la Procuración sostienen que “la reestructuración responde a una mayor eficiencia del organismo”. Los abogados del Estado están trabajando en la presentación de escritos para insistir ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York para que postergue la suspensión de la ejecución de la sentencia de Loretta Preska, que ordena a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos.
“Los apelados (Burford) deberán presentar su oposición a la solicitud antes del 17 de julio de 2025, y el apelante (la Argentina) deberá presentar una réplica antes del 22 de juliode 2025. La solicitud de suspensión se presentará al siguiente panel disponible posteriormente”, expresó el tribunal en su escrito.
La Casa Rosada espera que la Corte de Apelaciones defina la semana que viene si prorroga la suspensión del fallo o si lo rechaza. En Balcarce 50 sostienen que continuarán apelando la solicitud hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos en caso de ser necesario.
La mesa jurídica de Nación apunta a evitar que la discusión jurídica se centre en el incumplimiento de la Argentina sobre la ejecución de la sentencia y conlleve a la aplicación de multas diarias. El oficialismo celebró además la definición de la Corte de Apelaciones sobre dividir en cuatro las apelaciones por el juicio de YPF junto con el apoyo de la administración de Donald Trump.
El Gobierno mantiene la postura de que la transferencia de acciones conllevaría efectos irreversibles a raíz de que los demandantes ya aclararon su intención de vender esos títulos una vez que los reciban. Manifiestan además que se verán forzados a elegir entre “cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial de los Estados Unidos” si no le conceden la suspensión firme.
La Argentina fue citada a una nueva audiencia con los fondos demandantes y la Justicia de los Estados Unidos el 29 de julio en medio de la discusión por el discovery. Es uno de los puntos que abarcó Loretta Preska en el encuentro de ayer entre ambas partes. Nación espera que se defina a fin de mes si se habilita o no el acceso a los archivos que reclaman los demandantes.