La causa que sacudió la política del sur tucumano cambió de escenario judicial. El juez federal José Manuel Díaz Vélez, titular del Juzgado Federal N° 2, asumió el expediente luego de que la Justicia provincial se declarara incompetente y lo remitiera por la gravedad y naturaleza de los delitos investigados, que incluyen narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita.

El origen del caso fue un audio que se viralizó en redes, en el que el exintendente Luis “Pato” Campos dialoga con el empresario Roque “Chipi” Giménez. Allí, Campos alude a un presunto control sobre la Policía y el narcotráfico, mientras Giménez lo acusa de connivencia con bandas delictivas y reclama pagos millonarios por maquinaria municipal. La filtración derivó en allanamientos, detenciones y en la intervención del municipio ordenada por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Tras un dictamen del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, que calificó la trama como “de carácter netamente federal”, Díaz Vélez resolvió el 1° de agosto enfocar la investigación en cuatro ejes:

  1. Asociación ilícita: una presunta estructura destinada a direccionar obras públicas y manejar de forma irregular fondos municipales. Según la hipótesis judicial, Giménez habría cobrado cerca de $500 millones por trabajos de ejecución dudosa y $28 millones por eventos, además de transferencias a una imprenta vinculada al secretario de Hacienda, José Roldán. También estarían implicados Albano Loru, Pablo Barrionuevo y José Ignacio Fúnez, con Campos acusado de encubrir las maniobras.
  2. Lavado de activos: contratos millonarios, pagos por espectáculos y alquileres de vehículos habrían servido para blanquear dinero de origen ilícito.
  3. Narcotráfico: la causa pasó al fuero federal ante indicios de transporte y comercialización de estupefacientes, respaldados por el contenido del audio y por el secuestro previo de cocaína en otro expediente.
  4. Atentado contra el orden público: Giménez fue imputado por este delito, en concurso con instigación a cometer ilícitos; Campos, por encubrimiento.

Las pruebas incorporadas incluyen el audio viral, documentación municipal, celulares, un DVR con grabaciones y una nota manuscrita incautados en los allanamientos. El juez ratificó las prisiones preventivas dictadas por la Justicia provincial: Giménez permanecerá seis meses detenido, mientras que Roldán, Loru y Barrionuevo seguirán presos por dos meses. Fúnez fue liberado bajo medidas restrictivas menores.

Díaz Vélez, no obstante, rechazó investigar el tramo vinculado a la presunta malversación de fondos provinciales, que continuará en el fuero local por “afectar principalmente al patrimonio de la provincia”. De este modo, la Justicia Federal concentrará su labor en los delitos de mayor gravedad y alcance nacional, con un listado de imputados que también incluye a la legisladora provincial Sandra Beatriz Figueroa, esposa de Campos.

Este nuevo capítulo judicial profundiza una causa que mezcla acusaciones de corrupción, narcotráfico y abuso de poder, y que ya provocó un terremoto político en Juan Bautista Alberdi.