La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que expresa su desacuerdo con la decisión del gobierno nacional de proceder al cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. Esta medida fue anunciada recientemente en una conferencia de prensa donde el vocero presidencial, Manuel Adorni, junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebraron la implementación de varios decretos durante el año, aprovechando las facultades delegadas por la ley de Bases. 

La CGT considera esta acción como un paso que puede tener repercusiones significativas en el ámbito laboral y de seguridad vial. En el comunicado, el Consejo Directivo de la CGT manifiesta su disposición a respaldar cualquier acción que busque defender tanto a los trabajadores afectados como la seguridad en las vías. La central obrera califica las decisiones del Ejecutivo como "intempestivas e improvisadas", lo que incluye no solo el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, sino también el de la Comisión Nacional de Tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esto, según la CGT, pone en peligro numerosos puestos de trabajo y contribuye a que las carreteras se conviertan en espacios desatendidos.

La CGT repudió el cierre de Vialidad y se puso a disposición de los trabajadores en conflicto

 Los sindicatos del sector han advertido que la eliminación de estos organismos podría tener consecuencias graves, incluyendo un incremento en los riesgos para los conductores y peatones. La CGT ha señalado que estas decisiones afectan directamente la seguridad de las rutas y el sustento de aquellos que se encargan de su mantenimiento. La central también ha realizado anuncios que implican al organismo responsable de la construcción, mantenimiento y seguridad de las rutas argentinas, así como al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

 Es importante destacar que, a pesar de encontrarse en una relación de tregua con el gobierno tras su inclusión en el Consejo de Mayo, la CGT ha decidido manifestar su descontento ante esta decisión ejecutiva. Esta situación resulta paradójica, ya que la medida impacta negativamente en la obra pública y en el sindicato de la Construcción (UOCRA), cuyos representantes, como Gerardo Martínez, han estado involucrados en las discusiones sobre la política de infraestructura del país.