El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, encabezado por la jueza Martina Forns, ha emitido una medida cautelar que suspende por un período de seis meses el decreto que establece el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Este fallo, que ha sido objeto de análisis en diversos medios, instruye al gobierno a abstenerse de llevar a cabo cualquier acción administrativa derivada del mencionado decreto 461/2025. 

Entre las acciones prohibidas se incluyen reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones y la supresión de estructuras relacionadas con Vialidad. En su resolución, la jueza Forns subrayó que la DNV es una entidad autárquica de derecho público, lo que le otorga personalidad para actuar tanto en el ámbito privado como en el público, conforme a las normativas establecidas en el decreto ley 505/1958. Además, destacó que la relación laboral de los empleados de la DNV se encuentra regulada por la Ley de Contrato de Trabajo, y que, por lo tanto, el decreto del gobierno podría comprometer la estabilidad laboral y los derechos sindicales de los trabajadores estatales. 

El Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) fue quien presentó la demanda, argumentando que el gobierno no posee la facultad para proceder con el cierre de la DNV, según las competencias que le han sido delegadas. La jueza, en su fallo, considera que el decreto emitido por el gobierno infringe derechos laborales fundamentales, al sustraer a los trabajadores del ámbito de protección que les otorgan las Convenciones Colectivas de Trabajo y al interferir en cuestiones que deberían resolverse en el marco de la negociación colectiva. 

El decreto en cuestión, conocido como Decreto 480/2025, no solo contempla la disolución de la DNV, sino también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Según lo informado en el Boletín Oficial, este decreto, firmado por el presidente Javier Milei y otros altos funcionarios, tiene como objetivo centralizar competencias, reducir estructuras y redefinir responsabilidades bajo la supervisión del Ministerio de Economía.