La Justicia Federal tiene en mira más de 600 contratos entre ANDIS la droguería Suizo Argentina
Se investigan posibles sobreprecios, direccionamiento de licitaciones y un circuito de sobornos que involucra a funcionarios y empresarios.
La Justicia federal investiga una serie de contratos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina SA, controlada por la familia Kovalivker, que habrían concentrado la provisión de medicamentos por más de 55.000 millones de pesos desde comienzos de 2024. El fiscal Franco Picardi analiza documentación secuestrada —facturas, correos electrónicos y expedientes de compra— que, según fuentes judiciales, apunta a más de 600 contratos firmados mediante mecanismos de contratación directa vigentes desde 2017.
Los documentos incautados muestran, en la hipótesis de la investigación, una reiteración de adjudicaciones a la misma firma, fundada por Eduardo Kovalivker y actualmente administrada por sus hijos. Los pesquisas evalúan si esos procesos de compra fueron direccionados y si los precios abonados se ubicaron por encima de los valores de mercado, lo que podría configurar irregularidades administrativas y daños al erario público.
Paralelamente, la causa incorpora una línea destinada a dilucidar la posible existencia de un circuito de sobornos destinado a asegurar y mantener esos negocios con el Estado. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por Sergio Rodríguez, colabora en el rastreo de eventuales pagos ilegales a funcionarios que habrían favorecido las adjudicaciones.
La denuncia penal incluye a varias personas vinculadas a la gestión y a la empresa investigada: al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei —secretaria General de la Presidencia—, a Eduardo “Lule” Menem, al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y a Eduardo Kovalivker. Todos figuran imputados por los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública.
El impulso de la investigación se relacionó con la aparición de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionan personas señaladas en la causa. Si las pruebas corroboraran la vinculación entre adjudicaciones presuntamente direccionadas y supuestos pagos ilegales, la investigación podría consolidarse como un expediente de alta sensibilidad política, con impacto en la evaluación pública de la relación entre actividades privadas y decisiones estatales en materia de políticas sociales.