Con el respaldo unánime de todos los bloques y tras un extenso trabajo de unificación de siete proyectos, la Legislatura de Tucumán aprobó este jueves una nueva ley provincial de salud mental. La iniciativa plantea un abordaje integral, específico e interministerial, y deja atrás el esquema anterior, que solo adhería a la legislación nacional.

El presidente de la Comisión de Salud Pública, Gabriel Yedlin, fue el miembro informante del dictamen y resaltó que la salud mental representa “uno de los grandes problemas que atraviesa el mundo hace mucho tiempo”. Recordó que incluso antes de la pandemia de COVID-19 ya se hablaba de una “epidemia de salud mental”, situación que, según remarcó, se agravó tras la emergencia sanitaria.

Yedlin también destacó el carácter colaborativo de la norma, que fue trabajada junto a especialistas y con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El objetivo, explicó, es garantizar una asistencia integral y transversal a todos los tucumanos.

Durante el debate legislativo, parlamentarios de distintos espacios coincidieron en que la sanción llega en un momento crítico, atravesado por fenómenos como el uso intensivo de redes sociales, la hiperconectividad tecnológica, el aislamiento social y el deterioro de los vínculos.

Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la creación de una mesa interministerial, concebida como herramienta clave para articular políticas públicas entre las áreas de salud, educación, seguridad y desarrollo social. Legisladores oficialistas y opositores valoraron esta perspectiva como uno de los grandes aciertos de la norma.

La legisladora Carolina Vargas Aignasse, del oficialismo, fue más allá al advertir que “los discursos de odio y violencia provenientes de la Nación no ayudan a enfrentar el desafío”. En la misma línea, la radical Silvia Elías de Pérez definió a los trastornos de salud mental como “la pandemia del siglo”, mientras que Hugo Ledesma alertó: “Las estadísticas muestran más muertes por suicidios que por homicidios”.

Por su parte, Agustín Romano Norri enfatizó la importancia de “hablar abiertamente” sobre estas problemáticas, incluyendo el consumo problemático. A su turno, José Cano evocó el caso de la niña de 9 años que intentó suicidarse tras sufrir bullying en la escuela Julio Roca. “El Estado falló en todos sus niveles. No hay ley que funcione si no hay voluntad de Gobierno”, sentenció.

Desde todas las bancadas, se coincidió en que la sanción representa un avance histórico para la provincia. No obstante, se remarcó que el verdadero desafío será la implementación efectiva, con presupuesto, articulación y compromiso político sostenido, para dar respuesta a una crisis silenciosa que afecta a todas las capas de la sociedad.