La oposición no aprobará ninguna ley del Gobierno mientras dure su embestida contra la Corte

En vísperas de la reunión que mantendrá la mesa nacional de Juntos por el Cambio, los diputados opositores que integran la Comisión de Juicio Político ya anticipan su estrategia frente a la embestida del presidente Alberto Fernández contra la Corte Suprema. Como primera medida, darán el debate en la comisión para rebatir los argumentos –a su juicio infundados– para enjuiciar a los cuatro miembros del máximo tribunal y, acto seguido, buscarán acortar lo máximo posible el proceso de investigación para evitar el desgaste al que estarán sometidos lo jueces.

Si bien los diputados de Juntos por el Cambio no tienen mayoría en la Comisión como para imponer los tiempos del debate, tienen en sus manos una carta que harán valer para condicionar al Gobierno: no darán quorum en las comisiones ni en el recinto de la Cámara de Diputados para tratar las leyes que requiere la Casa Rosada mientras el enjuiciamiento siga en curso. Dicho en otras palabras, cuanto más tiempo se prolongue la arremetida oficialista contra la Corte en la Comisión de Juicio Político, más tiempo se demorará la sanción de las iniciativas que el Poder Ejecutivo necesita.

En lo que parece no haber matices es en la decisión de no habilitar el tratamiento de las leyes que el Poder Ejecutivo requerirá durante el período extraordinario de sesiones, que se convocaría esta semana. Massa había logrado desbloquear dos iniciativas claves para el ingreso de dólares para las reservas: la que fomenta la exportación de gas natural licuado (GNL) y la de desarrollo de la agroindustria. “Había un preacuerdo para avanzar. Ahora todo voló por los aires”, deslizan en la coalición opositora.

Sin el apoyo de Juntos por el Cambio ni del interbloque Federal, al oficialismo –en minoría en la Cámara baja– se le hará muy difícil –por no decir imposible– reactivar la labor en el Congreso. Si la relación entre oficialistas y opositores ya era conflictiva al finalizar el año pasado, el embate del Gobierno contra la Corte Suprema dinamita toda posibilidad de que se sancionen leyes en el corto plazo. La parálisis sería total.

Se profundizó la grieta entre los jueces del máximo tribunal

La decisión del gobierno de Alberto Fernández de avanzar con un proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en la Cámara de Diputados profundizó las diferencias entre los miembros del máximo tribunal.

“Es un tema de Horacio Rosatti, el problema no es nuestro”, le dijo a TN una fuente cercana a uno de los cuatro integrantes de la Corte. Es que si bien el juicio político que impulsa la gestión de Alberto Fernández irá en contra de todos los miembros, internamente creen que se trata de un proceso que solo apunta al Presidente del máximo tribunal, al que el kirchnerismo acusa de tener vínculos con el Gobierno porteño.

Tanto Rosatti, como Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se mantienen en silencio y la idea -por ahora- es no responder públicamente a la avanzada del Gobierno. “Vamos a esperar a que ingrese formalmente el pedido de juicio político”, le dijo a este medio una fuente judicial.

Al menos tres de los magistrados dialogan sobre la cuestión y siguen de cerca la estrategia del oficialismo. El magistrado que más distanciado está del tema es Lorenzetti, que mantiene desde hace tiempo marcadas diferencias con Rosatti. Hasta el momento no se unificó una estrategia común.