En el marco de la controversia que involucra a las visitas a la ex presidenta Cristina Kirchner, el juez Jorge Gorini ha emitido un pronunciamiento claro respecto a las solicitudes de visitas por parte de diputados y senadores kirchneristas. En este contexto, Gorini recordó que la ex mandataria se encuentra bajo arresto domiciliario y que debe cumplir con las pautas de conducta establecidas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).

 Estas reglas son fundamentales para que Kirchner continúe beneficiándose de este régimen de detención, el cual impone límites a las visitas que puede recibir en su domicilio de San José 1111. La justicia ha rechazado las peticiones de los legisladores para tener un régimen de visitas libre, enfatizando que corresponde a los abogados de la ex presidenta presentar tales solicitudes.

 En una resolución previa, se había indicado que Cristina Kirchner debía remitir una lista de personas autorizadas para visitarla sin necesidad de autorización judicial, lo que implica que cualquier visita debe ser gestionada a través de los letrados designados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. Por su parte, los legisladores de Unión por la Patria han argumentado que sus fueros parlamentarios les otorgan el derecho a visitar a la ex presidenta, alegando que tales inmunidades no pueden ser restringidas por decisiones judiciales. 

Este argumento se presenta en un contexto donde la Cámara de Casación debe decidir si las visitas pueden realizarse sin restricciones, lo que ha generado un debate sobre el alcance de los fueros en este caso específico. El abogado Gregorio Dalbón, quien representa a Cristina Kirchner en otros asuntos, ha instado a los interesados en visitarla a enviar sus solicitudes a la Justicia mediante un correo electrónico. Esto ha resultado en una avalancha de más de mil correos, lo que llevó a la Justicia a reiterar que solo aceptará solicitudes enviadas por los representantes legales de la ex presidenta.

Postura de los legisladores Kirchneristas

En la presentación interpuesta ante el TOF 2 señalaron: “Debemos recordar que la doctora Cristina Fernández de Kirchner reviste el carácter de presidenta del Partido Justicialista, partido articulador de las alianzas electorales que nos llevaron a ocupar nuestras bancas. En ese sentido, debe recordarse que los partidos politicos, conforme al artículo 38 de la Constitución Nacional, son 'instituciones fundamentales del sistema democrático'".

Consideraron además que, “aunque parezca ridículo, debemos enumerar la trayectoria política de quien ha sido Diputada Nacional, Senadora Nacional, dos veces Presidenta de la Nación y una vez Vicepresidenta de la Nación resultando por ello ser una persona de consulta permanente en los asuntos que tienen que ver con la administración de la República”.

Pese a los fallos judiciales, los senadores kirchneristas indicaron que “limitar nuestro contacto no solo afectaría nuestra labor parlamentaria, sino que implicaría un menoscabo nuestra representación de todas aquellas personas que vemos a la doctora Fernández de Kirchner como una líder política indiscutida”.

Por eso -según la particular interpretación de los legisladores K- “impedir o restringir nuestra presencia en el lugar de cumplimiento de la medida dispuesta contra la doctora Fernández de Kirchner afectaría el ejercicio de esta representación, comprometiendo seriamente la vigencia de derechos y garantías constitucionales”.