En los días previos a las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo domingo, el Gobierno nacional enfrenta intensas versiones sobre cambios en el gabinete que podrían materializarse según el resultado electoral. En ese marco, la permanencia de Lisandro Catalán al frente del ministerio del Interior aparece seriamente comprometida; fuentes oficiales y del entorno político coinciden en que su salida sería inminente.

El abogado tucumano asumió el 15 de septiembre de 2024 con la misión de recomponer la relación con los gobernadores. Trece meses después, el diagnóstico en sectores del oficialismo es lapidario: no logró reconstruir puentes suficientes para consolidar un diálogo eficaz con mandatarios provinciales que afrontan restricciones presupuestarias y crecientes tensiones por las medidas de ajuste.

Lisandro Catalán dejaría el gabinete nacional post elecciones

La designación de Catalán respondió inicialmente a la influencia de Guillermo Francos, quien recuperó el ministerio tras una etapa de vaciamiento funcional. Sin embargo, la relación entre ambos mostró fisuras públicas. Francos manifestó disconformidad con la actuación de asesores claves del entorno presidencial —en particular con Santiago Caputo— por su intervención en negociaciones sensibles, lo que tensó aún más el vínculo interno y dejó a Catalán en una posición de fragilidad política.

En el análisis de distintos sectores del oficialismo y de la oposición, Diego Santilli aparece como el nombre más probable para suceder a Catalán. Exvicejefe de Gobierno porteño y actual diputado nacional, Santilli reúne experiencia territorial y conexiones políticas que, según evaluan, podrían facilitar la interlocución con gobernadores y con la estructura del PRO, alineando así una estrategia que busca bajar la conflictividad y fortalecer la alianza con sectores aliados.

Por ahora, la Casa Rosada no confirmó movimientos oficiales y la definición dependerá de los resultados electorales y del reacomodamiento interno que estos provoquen. La salida de Catalán, de concretarse, marcaría un cambio significativo en la estrategia del Gobierno para gestionar la relación con las provincias y atender las demandas de gobernabilidad en un escenario político delicado.