Los gobernadores endurecen su postura y desafían a la Casa Rosada por los fondos
Los 24 mandatarios provinciales mantienen la unidad frente al ajuste y buscan una respuesta concreta del Gobierno por la caída de la coparticipación. Esta semana podrían presentar un proyecto en el Senado para forzar una redistribución de recursos. Hay tensiones internas, señales de ruptura y un acuerdo electoral inminente en Corrientes.
“Si estamos todos acá, es porque estamos preocupados”, lanzó en voz alta Gerardo Zamora, uno de los caudillos más vehementes del interior. El comentario resonó en el piso 21 del nuevo edificio del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con vistas privilegiadas a Puerto Madero y al Río de la Plata. Pero la postal poco tenía de calma: allí, los gobernadores advirtieron al Gobierno que la paciencia tiene un límite.
El escenario es inédito: por primera vez durante la gestión de Javier Milei, las 24 jurisdicciones del país —sin distinción partidaria— confluyen en un reclamo común frente al deterioro de sus finanzas. El motivo central: la fuerte caída de los recursos coparticipables y el freno absoluto a la obra pública.
Zamora, gobernador de Santiago del Estero con aspiraciones nacionales, fue el vocero más directo ante Carlos Guberman (secretario de Hacienda) y Lisandro Catalán (mano derecha de Guillermo Francos), a quienes exigieron respuestas por la caída de fondos y la falta de previsibilidad. “Todos estamos peor que antes”, sintetizó uno de los mandatarios del centro del país.
Un frente común, pero frágil
Hace semanas que los gobernadores intentan diálogo. En una audiencia previa con Francos, una comitiva liderada por Alfredo Cornejo llevó los primeros reclamos: mayor reparto del impuesto a los combustibles líquidos, distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una mayor transparencia en la asignación de fondos.
Sin resultados concretos, los gobernadores firmaron un proyecto de ley que elimina los fondos fiduciarios alimentados con el impuesto a los combustibles y propone redistribuir los recursos directamente según los coeficientes de coparticipación. La cifra en juego no es menor: el acumulado de ATN ya ronda el billón de pesos.
En la última reunión del CFI, ni Guberman ni Catalán ofrecieron respuestas de fondo. Solo prometieron “estudiar” los pedidos y avanzar en el traspaso de obras públicas nacionales, como la reparación de rutas colapsadas —incluida la estratégica Ruta 22, en Vaca Muerta—, cuyo deterioro es alarmante.
Tensiones internas y grietas en formación
El chat de WhatsApp entre los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño está más activo que nunca. En ese grupo, se debate la estrategia frente a la Casa Rosada. Algunos, como Zamora, Frigerio, Cornejo, Torres y Ziliotto, coordinan posiciones y mantienen contacto regular con senadores del PRO, la UCR y Unión por la Patria. José Mayans también forma parte de esas conversaciones.
La posición está dividida. Mientras algunos insisten en agotar el diálogo, otros proponen avanzar ya con el ingreso del proyecto al Senado. La iniciativa eleva al 58,36% la porción del impuesto a los combustibles que deberían recibir las provincias y establece una redistribución automática de los ATN.
El borrador final del texto no incluyó fundamentos por pedido de un grupo que apuesta a no tensionar al máximo. Un dato clave: aunque no participó del encuentro, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, firmó el proyecto. Este lunes anunciará un acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a los comicios provinciales del 31 de agosto.
Crisis financiera, malestar social y señales de alerta
La situación financiera es crítica en muchos distritos. Algunos apenas cubren el gasto corriente; otros no pudieron pagar el medio aguinaldo sin ayuda. Rogelio Frigerio, con trayectoria en Hacienda, decidió congelar sueldos en Entre Ríos. Y Axel Kicillof, con urgencias mayores, prefirió no intervenir en la reunión del CFI, mientras enfrenta conflictos internos en el conurbano.
La caída de la recaudación nacional redujo en términos reales los envíos automáticos. En mayo, la coparticipación fue la más baja desde mayo de 2020. De mantenerse la tendencia, las provincias y CABA cerrarían el año con $7,4 billones menos que en 2023.
Ese escenario deteriora también el clima social. Gobernadores advierten sobre el creciente malhumor en el interior, reflejado en la baja participación electoral en las recientes elecciones locales. “El humor social se está enrareciendo”, admitió uno de los mandatarios.
La unidad en riesgo
Aunque por ahora mantienen el frente unido, los gobernadores saben que enfrentarse abiertamente al Gobierno implica costos políticos. Sin embargo, la falta de respuestas alimenta la idea de escalar el conflicto en el Congreso. Algunos legisladores provinciales ya votaron contra Milei en temas clave, como el financiamiento universitario y las jubilaciones. Otros podrían sumarse si el Ejecutivo no cede.
“El Gobierno no contesta porque no tiene cómo justificar el uso de los fondos. Si los redirecciona, viola la ley”, explicó un mandatario. La incomodidad oficial se hizo evidente tras el último cruce: mientras Milei acusaba a las provincias de tener una presión fiscal mayor que la Nación, un informe de ARCA reveló que la carga tributaria nacional aumentó 0,2 puntos del PBI, mientras que la provincial bajó 0,3.
La semana será clave. El desenlace —entre el diálogo y la confrontación— podría marcar un punto de quiebre en la relación entre el Ejecutivo y los 24 distritos.