“De un problema político se sale con mejor política, y también con gestión económica”. Esa es la conclusión que empieza a emerger dentro del Gobierno tras la dura derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza el último domingo.

Impactado por el resultado, el presidente Javier Milei encomendó a su ministro del Interior, Guillermo Francos, la tarea de abrir una nueva etapa de diálogo con los gobernadores. Pero la convocatoria no fue recibida con entusiasmo. Al contrario, genera desconfianza en los mandatarios provinciales, que todavía recuerdan la ruptura del vínculo institucional con la Casa Rosada.

La prioridad del Gobierno es ahora recuperar su relación con el Congreso, donde viene acumulando derrotas consecutivas: presupuesto universitario, emergencia pediátrica, ley de discapacidad, entre otras. Incluso sus vetos comienzan a desmoronarse. Antes del revés electoral, Milei se jactaba de tener “los votos del pueblo”, mientras denunciaba que el Congreso estaba “secuestrado por el kirchnerismo”. Ahora, ese mismo Congreso parece haber ganado también en las urnas.

El Presidente percibe que la fragilidad legislativa se profundizará. Y que, sin el respaldo de los gobernadores, no hay posibilidad de revertir la dinámica parlamentaria adversa.

Una relación rota

La desconfianza no es nueva. Meses atrás, los mandatarios provinciales ya le habían propuesto al Poder Ejecutivo un esquema de gobernabilidad basado en un intercambio concreto: apoyo en el Congreso a cambio de fondos que por ley corresponden a las provincias.

Fue Milei quien dinamitó ese puente. No solo incumplió compromisos de transferencia, sino que además estigmatizó a los gobernadores, acusándolos de formar parte de “la casta” y del “partido del Estado”.

Incluso referentes que se habían mostrado colaborativos con el oficialismo —como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Valdés (Corrientes) o Martín Llaryora (Córdoba)— comenzaron a marcar distancia. Ante la falta de respuestas, las 24 jurisdicciones —los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri— se alinearon detrás de dos proyectos de ley para recuperar los recursos perdidos.

La mayoría de los mandatarios no buscan desestabilizar al Gobierno. Incluso los más cercanos al peronismo aseguran que desean que Milei termine su mandato. Pero el malestar es profundo. Y la confianza está quebrada.

El precio del diálogo

En ese contexto, tras el resultado electoral del domingo, los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes) —referentes del nuevo espacio Provincias Unidas— se mostraron abiertos al diálogo, aunque con condiciones claras.

Ya no alcanza con gestos institucionales: exigen un cambio de rumbo económico. Piden que el Gobierno nacional deje de apostar exclusivamente por el ajuste y comience a impulsar políticas que favorezcan la producción, el empleo y el desarrollo regional.

Provincias Unidas se perfila como una alternativa de poder para 2027. Sus líderes entienden que su legitimidad política crece al ritmo del desgaste del oficialismo. En ese escenario, el precio del diálogo será más alto. Y el margen de improvisación, mucho más acotado. /TN