Los planes de Milei para un gabinete renovado

Con la proximidad del 27 de octubre, fecha que sigue a las elecciones legislativas, el Gobierno de la Nación se encuentra en un proceso de reestructuración interna, que incluye cambios en el gabinete y un relanzamiento de su gestión. El Ejecutivo ha manifestado que, durante la primera etapa de su administración, se han priorizado políticas de estabilización, y que en la segunda fase se enfocará en estrategias orientadas al crecimiento económico. En este contexto, se prevé un reordenamiento de prioridades que se traducirá en una nueva distribución de funciones dentro del gabinete. 

Uno de los sectores que ocupará un lugar central en esta reestructuración es el área de Infraestructura, la cual había sido un ministerio hasta la salida de Guillermo Ferraro. Este exfuncionario tenía bajo su responsabilidad las secretarías de Transporte, Obras Públicas, Vivienda, Comunicaciones, Conectividad y Concesiones, las cuales fueron absorbidas y transformadas bajo la gestión del actual ministro de Economía, Luis Caputo. 

Desde la Casa Rosada se reconoce que existe una falta de capacidad operativa y de equipos adecuados para llevar a cabo un plan de desarrollo en coordinación con el sector privado. Esta situación ha sido señalada por empresarios en reuniones privadas con funcionarios, quienes han expresado la necesidad de contar con un responsable de la planificación. Además, los equipos técnicos del Gobierno han informado sobre las dificultades en mejorar la rentabilidad de los modelos de concesión y privatización de servicios, obras y empresas públicas, acumulando también descontento por las limitaciones en la tasación de bienes que se buscan vender, un proceso que depende del Tribunal de Tasación de la Nación, vinculado a la secretaría de Obras Públicas. 

Un ejemplo de las dificultades mencionadas es el de los más de 10.000 kilómetros de rutas nacionales que están en proceso de licitación por tramos separados, los cuales han experimentado retrasos. Desde el Ejecutivo se ha manifestado el interés en hacer estas licitaciones más atractivas para las empresas. Asimismo, se reconoce que los informes técnicos sobre las empresas públicas, que deben ser enviados a la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso, aún no están avanzados. Este proceso es liderado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quien ha indicado que es probable que se avance en este sentido a partir de 2026. En cuanto a las políticas que se implementarán en esta segunda etapa de gestión, la Casa Rosada ha delineado un enfoque hacia un modelo de obra pública “a la chilena”, priorizando la infraestructura hídrica y de transporte en sus diversas modalidades, incluyendo aéreo, ferroviario, automotor, fluvial y marítimo. 

Este enfoque también se extiende a la política de desarrollo de viviendas y la integración urbana, destacando que aún no se ha logrado vender a privados o ceder a las provincias las 17.000 obras bajo el programa Procrear. El oficialismo ha reconocido que destinará fondos a obras públicas que tengan una función estratégica, aunque aún no se ha puesto en marcha esta iniciativa. Según el Mapa de Inversiones del Ministerio de Economía, actualmente hay 1.196 obras en ejecución, sin avances significativos en la asignación de fondos. 

En medio de la planificación de este nuevo gabinete para 2026, se contempla una reevaluación del ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, cuya función ha perdido relevancia tras el vencimiento de las facultades delegadas. Se sugiere la posibilidad de relocalizarlo y otorgarle nuevas atribuciones relacionadas a la microeconomía. Otra propuesta que circula es la posible fusión del Ministerio de Seguridad con otra cartera, en particular tras la salida de Patricia Bullrich, quien se postulará como candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires. Se ha mencionado la posibilidad de una fusión con el Ministerio de Justicia, en un contexto donde también se rumorea sobre la posible salida de Mariano Cúneo Libarona. 

Finalmente, se anticipan cambios en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la intención de renombrar el Ministerio de Defensa como Ministerio de Guerra. Además, se reconoce que es probable que se sumen a la gestión a dirigentes aliados, incluidos del PRO, en virtud de acuerdos electorales. En lo que respecta a la Secretaría de Comunicación y Medios, se prevé que Javier Lanari asuma el cargo, aunque algunos funcionarios del oficialismo consideran que es poco probable que el actual vocero presidencial, Manuel Adorni, mantenga su banca como legislador porteño a lo largo de todo 2026, dejando abierta la posibilidad de que surjan cambios en la composición del gabinete.