Milei apunta contra los jueces laborales y alista reformas para frenar la "industria del juicio"

“Se viene la motosierra para la industria del juicio y los caranchos”. La frase apareció este domingo en una cuenta libertaria y fue retuiteada por Javier Milei. Desde la Casa Rosada confirmaron que no fue casual: el Presidente está decidido a visibilizar y confrontar públicamente a los jueces laborales, a quienes responsabiliza por bloquear reformas oficiales y alentar la judicialización laboral.

Según fuentes oficiales, Milei cree que los magistrados del fuero del trabajo “han destruido a las pymes y desalientan la inversión”, y busca impulsar cambios para limitar su poder, reformar el sistema de Riesgos del Trabajo y “desarticular el negocio de la litigiosidad”.

El foco: la “industria del juicio”

El detonante fue un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) que alertó sobre el récord de demandas en el sistema laboral: entre junio de 2024 y mayo de 2025 se iniciaron más de 126.700 juicios, por un valor equivalente a 6,8 millones de salarios mínimos (más de $2 billones). Para 2025, se proyectan 130 mil nuevos casos, a razón de más de 10.000 demandas por mes.

Aunque la siniestralidad y la mortalidad laboral han disminuido —según la UART, se evitaron 4,7 millones de accidentes y 19 mil muertes—, los juicios aumentaron de forma desproporcionada. La entidad acusa a las pericias judiciales infladas y a tasas de interés excesivas de fomentar una industria basada en el lucro, no en reclamos legítimos.

“Cada juicio se transforma en una oportunidad financiera sin igual”, afirma el reporte, que define esta dinámica como el verdadero “costo argentino”.

Jueces en la mira y estrategia judicial

La ofensiva libertaria también tiene nombres propios. El enojo del Gobierno se focaliza en la jueza Moira Fullana, quien declaró inconstitucionales varios artículos del DNU 340 sobre el derecho a huelga y falló contra la eliminación del Día del Trabajador del Estado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, la calificó como una “jueza militante” y vinculó sus fallos con la “mafia sindical”.

Ahora el Gobierno ordenó revisar fallos del fuero laboral para exhibir patrones de parcialidad. En paralelo, se evalúa impulsar juicios políticos en el Consejo de la Magistratura y abrir investigaciones patrimoniales contra los jueces laborales.

“Son una casta total y nos declararon la guerra”, aseguran desde el entorno presidencial.

La carta del TSJ y el traspaso de fueros

En este contexto, la Casa Rosada apuesta a una vía alternativa: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de CABA. Desde que la Corte Suprema le dio vía libre en diciembre pasado para actuar como instancia superior en causas nacionales, el TSJ ya recibió 180 expedientes laborales, lo que abre una puerta para reducir la influencia de la justicia laboral nacional.

Milei busca acelerar el traspaso de juzgados laborales y comerciales a la Ciudad de Buenos Aires, como establece la Constitución desde 1994. Sin embargo, si ese traslado no se concreta, el oficialismo admite que no habrá margen normativo para limitar al fuero laboral en el corto plazo.

Cambios en estudio

Mientras tanto, el Gobierno estudia medidas puntuales para modificar el sistema de riesgos del trabajo. Entre las iniciativas en análisis están:

• Sancionar a abogados que presenten demandas fraudulentas.
• Establecer nuevas reglas para pericias médicas.
• Revisar las tasas judiciales de interés.
• Reformar el procedimiento laboral para hacerlo “más ágil y menos favorable a la litigación especulativa”.

Antecedentes y continuidad

El conflicto no es nuevo. En 2017, el expresidente Mauricio Macri también apuntó contra “la mafia de los juicios laborales” y responsabilizó al fuero por frenar decisiones del Ejecutivo. Milei retoma esa línea y la lleva más allá: busca exponer públicamente a los jueces, desgastarlos políticamente y rediseñar el funcionamiento del sistema laboral argentino.

“Queremos que se conozcan sus nombres, sus caras y cómo viven”, dicen en el oficialismo.