El pasado viernes, el Gobierno nacional realizó transferencias por un total de $12.500 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cuatro provincias, en medio de un conflicto con mandatarios provinciales por el veto a una ley que proponía reformar la distribución de esos fondos. Según un informe privado, las jurisdicciones que recibieron recursos fueron Misiones ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones), Santa Fe ($3.000 millones) y Chaco ($2.500 millones). El documento consignó además que Entre Ríos concentró envíos recientes: sólo en agosto recibió un ATN y sumó otro en septiembre, alcanzando $6.000 millones en dos meses.

 La transferencia se produce en un contexto político complejo: en Entre Ríos existe una alianza electoral entre el oficialismo provincial y el frente nacional La Libertad Avanza (LLA), con candidatos conjuntos que encabezan las listas para Diputados y Senadores. De modo similar, en Chaco los primeros lugares de las nóminas por ambas cámaras pertenecen a LLA, que va en alianza con el gobierno provincial. Estas coincidencias electorales adquieren relevancia pública al analizar la distribución reciente de los recursos. 

En contraste, las provincias de Santa Fe y Misiones, también beneficiadas con ATN en esta tanda, mantienen relaciones distintas con la Casa Rosada. Sus gobernadores no fueron convocados para acuerdos y han formulado críticas al gobierno nacional en períodos recientes; además, en sus respectivos distritos no existen alianzas electorales con LLA ni con el oficialismo nacional. Esa situación subraya la diversidad de criterios y de vínculos políticos que atraviesan la asignación de fondos compensatorios. 

Los ATN son aplicados por la Nación para atender desequilibrios fiscales o necesidades puntuales de las provincias, y la decisión de autorizar transferencias en momentos de tensión política genera cuestionamientos públicos sobre la transparencia y la equidad en la distribución. Funcionarios y dirigentes provinciales involucrados mantienen posturas diversas, y la discusión sobre la reforma a la distribución de los ATN permanece abierta mientras crece el debate sobre criterios objetivos para su asignación.