Después de que el Congreso rechazara el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad –lo que obligó al Gobierno a promulgarla, aunque sin recursos asignados, hace pocos días– el Ejecutivo envió al Congreso el Presupuesto 2026, que contempla una reducción en 202.530 pensiones respecto a las vigentes hasta junio de este año. La información surge del cruce de datos entre el reporte del Boletín Estadístico de la Seguridad Social y el proyecto de ingresos y gastos para el año entrante.

Para el ejercicio de 2026 se proyecta que el Gobierno pagará a 977.943 pensionados, cuando hasta mediados de este año eran 1.180.473. La cifra de reducción dista de lo que el mismo Gobierno informó a través de su vocero, Manuel Adorni: en agosto el funcionario afirmó que se habían dado de baja 110 mil. Por tanto, no queda claro cuántas más se suspendieron –si es que se suspendieron– desde entonces y cuántas se darían de baja en 2026.

“Las planillas de presupuesto tienen tanto la información presupuestaria a nivel nominal –a nivel recursos que el Estado piensa destinar a cada uno de los programas en los que se divide–, como las metas físicas, que justamente refieren a qué actividades se van a desarrollar. En este caso, la meta física es las personas que van a recibir esa pensión”, explicó a este medio Belén Arcucci, coordinadora del programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij).

La cantidad de pensionados previstos para 2026 “refleja en realidad que va a haber una consolidación y una profundización de la quita de pensiones”. Pero, además, agregó Arcucci, “también hay que considerar que hay muchas pensiones pendientes: entonces, o no van a otorgar nuevas, o van a dar de baja aún más y dar algunas nuevas. No se sabe, pero por el número de las metas se refleja eso, que la proyección es otorgar menos pensiones que las que están vigentes hoy”.

En el discurso de presentación del Presupuesto 2026 el presidente, Javier Milei, aseguró que gracias al fin de las auditorías podrían aumentar el valor de las pensiones para ese año.

Pero Alfredo Chávez (43) sigue esperando una respuesta ante la comunicación de que su ingreso mensual estaba, según comentó a PERFIL, “en proceso de suspensión”.

“El 25 de abril me enteré de que, supuestamente, el 5 de abril estaba citado a una auditoría, pero la citación nunca llegó”, aseveró. “Fui varias veces a la Andis de Santa Fe, me dieron un número de teléfono y como 7 u 8 direcciones de correo electrónico para que envíe el reclamo”. A todos esos correos mandó las pruebas de su discapacidad, que tiene desde los 15 años. “Me hacían mandar de un mail a otro, presentar todos los papeles, porque yo tengo todos los papeles, porque había renovado el certificado de discapacidad. Así que no es el primer certificado que tengo y tenía todo actualizado”. Desde ese entonces no volvió a recibir una notificación formal, pero vive todos los meses con la incertidumbre, porque su pensión sigue estando en ese proceso. “Me mandaron a Anses, pero tampoco supieron darme una explicación: me dijeron que esperara a que se corte la pensión para poder solicitar que me la restituyan. Pero yo tengo toda la documentación, no quiero esperar a que me la suspendan”. En el interior del país la situación es todavía más difícil, agregó. “Me dijeron que estaban como nosotros, que no tenían ninguna información de Buenos Aires y que, aparentemente, no estaban auditando más”.

Arcucci agregó que “no hay comunicación oficial clara. Ahora está en revisión toda la documentación de la gente que participó de la auditoría, pero nos llegaron casos de algunas provincias del país en las que continúan las citaciones”. Entonces, concluyó, “para nada el proceso de auditorías está paralizado, ni tampoco la revisión de las pensiones, no tenemos ninguna información oficial que indique eso”.

Por otro lado, y volviendo a los datos del Presupuesto 2026, el dinero destinado a las pensiones “por invalidez” (tal como las llaman, a pesar de que la ley aprobada en el Congreso vuelva al término de pensiones por discapacidad) es de $ 3,19 billones, lo que representa un aumento del 0,04% del presupuesto vigente para el mismo ítem para este año ($ 3,046 billones).

“Las pensiones por discapacidad en Argentina son una herramienta mínima, pero vital. No son un privilegio ni una dádiva: son un paliativo frente a un sistema que aún no garantiza accesibilidad real en el trabajo, la educación, la salud o el transporte”, afirmó a este medio Gabriela Bruno, activista por los derechos de las personas con discapacidad. De acuerdo con un estudio de la ONG Por Igual Más, el 86% de las personas con discapacidad están desempleadas, y del 14% restante el 39,3% trabaja en condiciones de informalidad.

Por eso, detalló Bruno, las pensiones representan para muchas personas “el único ingreso estable, en un contexto donde el capacitismo y la discriminación laboral nos siguen cerrando puertas”. En septiembre este ingreso fue de $ 224.194, a lo que se suma el bono congelado desde marzo de 2024 en $ 70 mil.

La prestación incluye el programa Incluir Salud. “A través de esto se garantiza el acceso a terapias, a prestaciones como transporte, centros de día, acompañantes, así como también a insumos vitales como ortopedia y pañales”, agregó Bruno. Por lo tanto, “quitar una pensión no significa solo perder un ingreso: significa dejar a una persona sin tratamiento, sin movilidad, sin cuidados básicos, sin posibilidad de sostener su proyecto de vida”.

Y, finalizó, “el Gobierno busca instalar la idea de que las pensiones fueron mal otorgadas y de que hubo ‘irregularidades’. Pero lo que no se dice es que las auditorías son en sí mismas profundamente irregulares”.

Las auditorías hacia afuera no se condicen con el control interno de los gastos del Estado: en medio del escándalo por la supuesta corrupción en la compra de medicamentos de la Andis, el Observatorio del Control Público de la Fundación Éforo denunció que desde abril de 2025 la Auditoría General de la Nación tiene seis de sus siete puestos vacantes.