El Senado de Paraguay aprobó en las últimas horas la declaratoria del llamado “Cartel de los Soles” como organización terrorista, una medida que ahora espera la firma del presidente Santiago Peña para convertirse en decreto. Fuentes oficiales de Asunción informaron que la decisión apunta a profundizar la presión regional sobre las redes narcotraficantes vinculadas al régimen de Caracas.

La iniciativa sigue pasos similares adoptados recientemente por Ecuador, donde el mandatario Daniel Noboa formalizó la calificación mediante un decreto ejecutivo. La serie de medidas internacionales se enmarca en acciones coordinadas contra la estructura señalada como brazo criminal del gobierno venezolano. En julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de “Terrorista Global Especialmente Designado” y, a principios de agosto, Washington elevó a 50.000.000 de dólares la recompensa por información sobre Nicolás Maduro. Estas decisiones buscan aislar financieramente y restringir la movilidad de los presuntos cabecillas y sus redes de apoyo.

Paraguay declaró al “Cartel de los Soles”, liderado por Nicolás Maduro, como grupo terrorista

Organismos de inteligencia y autoridades judiciales atribuyen al Cartel de los Soles vínculos con otras organizaciones delictivas regionales, suministro de armamento y lavado de activos. También se le imputa cooperación con grupos armados como las FARC para entrenar milicias y coordinar envíos de estupefacientes hacia distintos países. Las investigaciones en curso pretenden determinar alcances, rutas de tráfico y posibles conexiones con bandas que operan en naciones vecinas.

Las medidas adoptadas por Paraguay y Ecuador aumentan la presión diplomática sobre Caracas y podrían motivar reacciones en el ámbito internacional y regional en los próximos días. Las autoridades paraguayas informaron que la ejecución del decreto se acompañará de acciones administrativas y de cooperación con socios internacionales para fiscalizar activos y movimientos sospechosos, en tanto que organismos de derechos humanos y defensa legal mantienen el seguimiento de las implicancias políticas y humanitarias de estas decisiones.