El Gobierno nacional prohibió colocar nombres de personas en los edificios públicos o utilizar cualquier otro símbolo que pueda ser considerado como propaganda política . A su vez, modificó la ley de  Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes  en lo relacionado con el adoctrinamiento político en el ámbito educativo.

La prohibición se estableció mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1084/2024, que dispone: “Prohíbese la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado nacional”.

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