Qué necesita Milei para sostener los vetos en el Congreso
El Gobierno necesita un piso mínimo de legisladores en la Cámara de Diputados y en el Senado para ratificar la derogación de los tres proyectos de ley. La cantidad de votos mínimos que se necesita en cada cuerpo legislativo
El presidente Javier Milei ha ejercido, por tercera ocasión durante su mandato, el veto a leyes que habían sido sancionadas por el Congreso de la Nación. En esta ocasión, la decisión abarcó tres normas que poseen un alto impacto político: el aumento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad, la cual incluía la actualización de prestaciones.
La formalización de este veto se llevó a cabo mediante el Decreto 534/2025. Esta acción ha dado lugar a un nuevo episodio de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo que plantea preguntas sobre los requisitos necesarios para que los vetos del presidente Milei sean efectivos y prevalezcan en el marco jurídico.
El proceso de veto es una facultad que otorga la Constitución Nacional al presidente, permitiéndole rechazar leyes aprobadas por el Congreso. Sin embargo, para que un veto sea mantenido, el presidente debe contar con el respaldo necesario para contrarrestar posibles intentos del Legislativo de anularlo. Esto puede incluir el apoyo de una mayoría en el Congreso, así como una estrategia política que le permita negociar con los distintos bloques y partidos.
Los alcances del veto presidencial
El sistema constitucional argentino otorga al Presidente la posibilidad de rechazar en forma total o parcial cualquier proyecto de ley ya aprobado por ambas cámaras del Congreso. Esta prerrogativa configura un mecanismo de control y balance entre dos de los tres poderes del Estado, otorgándole un mayor predominio al Poder Ejecutivo.
Ante una ley sancionada por el Congreso, el presidente dispone de un plazo de diez días hábiles para promulgarla o vetarla; si no manifiesta ninguna de estas opciones, la ley se considera promulgada automáticamente.
Cuando entra en juego el veto presidencial, la entrada en vigencia de la legislación se suspende de inmediato. El texto vetado retorna al Congreso, que se enfrenta entonces a la definición sobre su futuro: puede insistir en el proyecto original o aceptar la decisión del Ejecutivo.
Las mayorías necesarias para que Milei sostenga los vetos
Este lunes, Milei publicó en el Boletín Oficial la derogación de las tres leyes. Lo cierto es que, para que el veto presidencial sobreviva al proceso legislativo, el oficialismo no necesita reunir mayorías amplias. La clave reside en los números: mientras que la llamada “insistencia” sobre una norma vetada exige el voto afirmativo de una mayoría agravada de dos tercios en cada cuerpo legislativo, una cantidad que a la oposición le cuesta reunir, al Ejecutivo le basta conseguir apenas un tercio de sólo una de las cámaras, para bloquear cualquier intento de reversión.
En términos estrictos, en la Cámara de Diputados, el oficialismo de Javier Milei tendrá que juntar al menos 86 votos (de los 257 legisladores) si asisten todos a la sesión. En el Senado, requiere de 25, sobre un cuerpo completo de 72 miembros.
El procedimiento comienza en la Cámara de origen, donde se inició el proyecto y, si logra los dos tercios, continúa en la Cámara revisora. Pero si La Libertad Avanza (LLA), junto al PRO, logran con eficacia superar el piso mínimo de votos, los vetos quedan firmes y no existe otra posibilidad de insistencia durante ese período parlamentario.
Las estrategias legislativas y los escenarios tras el veto presidencial
Un punto clave del tratamiento de los vetos en el Congreso es si el debate de la insistencia se realizará en “paquete” –abordando todas las leyes con un solo voto– o por separado. Mientras que el Gobierno plantea la opción del tratamiento conjunto, sectores de la oposición temen que la moratoria previsional –menos consensuada incluso dentro de bloques opositores– arrastre al fracaso del aumento a jubilados o la emergencia en discapacidad, que cuentan con un mayor consenso político y social.
En cualquier caso, en esta instancia parlamentaria no se habilita un debate o modificación de los proyectos de ley originales. Cada legislador debe votar por “sí” o “no” a la insistencia de la ley vetada. Tampoco hay labor en comisiones, sino que directamente se llevan al recinto.
La experiencia reciente muestra que el Gobierno suele imponerse en este tipo de trámites. En ocasiones anteriores, los vetos a leyes sobre movilidad jubilatoria y de presupuesto universitario se mantuvieron firmes.
